compartir
Los Socialistas Vascos valoran la aprobación de la Ley de Memoria Histórica de Andalucía
El PSE-EE comparte una jornada de trabajo con los socialistas andaluces, encabezados por la ponente de la ley, María Márquez, y el Director de Memoria Democrática de la Junta, Francisco Javier Giráldez

Los Socialistas Vascos han valorado muy positivamente la aprobación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía tras mantener una reunión en Bilbao con la Secretaria de Movimientos Sociales y Diversidad del PSOE de Andalucía y ponente de la ley, María Márquez, y el Director de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Giráldez Díaz.
El PSE-EE ha querido acercarse con esta jornada de trabajo a esta regulación, aprobada en 2017, que constituye un paso fundamental en la promoción legislativa de los parlamentos y gobiernos autonómicos, una vez aprobada por iniciativa socialista, hace ya una década, la Ley de Memoria Histórica 52/2007. El Parlamento Vasco debatirá próximamente una iniciativa de PSE-EE y PNV que prevé encargar al Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos-Gogora (que los representantes andaluces visitaron el lunes) la elaboración de un informe que identifique las necesidades que pueden presentar las políticas públicas, incluida la conveniencia de una futura Ley de Memoria Histórica en Euskadi.
La delegación andaluza, de la que también ha formado parte Virginia Muñiz, integrante de la Secretaria de Memoria Histórica el PSOE en esta comunidad, ha detallado a la Secretaria de Libertades Públicas, Memoria y Convivencia, Rafaela Romero, la Secretaria de Memoria y Convivencia, Inés Ibáñez de Maeztu, y el portavoz parlamentario, José Antonio Pastor, entre otros responsables del PSE-EE, los contenidos de ley.
María Márquez y Francisco Javier Giráldez han subrayado aspectos recogidos en la legislación como las actividades educativas, el reconocimiento de los familiares como víctimas, el acercamiento a realidades menos conocidas como los casos de bebés robados, la represión de los colectivos LGTBI, la persecución de los masones o las consecuencias del exilio. También ha destacado la previsión de instrumentos como la creación de un grupo de expertos que recopilará y analizará información para trasladarla a una futura Comisión de la Verdad, la aprobación de un régimen sancionador o las actuaciones de oficio por parte de la Administración en las fosas.