PSE-EE PSOE Euskal Sozialistak

1. La autonomía: una experiencia de éxito.
2. Mejor autogobierno dentro una España plural y de la UE.
3. La reforma federal de la Constitución.

• Los contenidos de la reforma constitucional.
• Ventajas de la reforma constitucional previa.

4. Elementos para la revisión del Estatuto de Gernika.

• Marco general.
• La definición competencial en relación con el Estado.

5. Reforma del autogobierno hacia dentro.

• La reforma de la LTH.

1. LA AUTONOMÍA, UNA EXPERIENCIA DE ÉXITO.

El Estatuto de Gernika ha sido una experiencia de éxito. Incluso los más militantes detractores del binomio Constitución-Estatuto de Gernika tienen que admitir que la andadura iniciada por la sociedad vasca con la recuperación de la democracia ha sido un camino exitoso.

El Estatuto significó y continúa significando el acuerdo de las sociedades y las instituciones de tres territorios vascos, que hasta entonces habían vivido separados pese a compartir muchos rasgos comunes, para constituir una comunidad política y afrontar juntos el futuro dentro de la España de las Autonomías. Sólo antes se había iniciado una experiencia similar, con el Estatuto del 36, pero aquel autogobierno fue corto en el tiempo y centrado en atender las urgencias derivadas de una guerra.

Recogiendo el mejor espíritu del consenso entre diferentes de aquel primer Gobierno de Euskadi, en 1979 se actualizó aquella voluntad con un triple pacto, implícito y explícito: entre vascos y vascas que tenían distintos sentimientos de identidad, para compartir el autogobierno con iguales derechos y obligaciones; entre territorios que habían tenido trayectorias históricas separadas pese a sus rasgos históricos y culturales compartidos; y entre vascos y españoles para seguir prolongando un proyecto de convivencia en común de muchos siglos.

Este pacto de convivencia, este compromiso vital de un abanico muy amplio y diverso de identidades y aspiraciones políticas, constituye el núcleo sustancial del Estatuto. Por eso, los Socialistas Vascos consideramos que este pacto solo puede y debe ser sustituido por otro que tenga un grado de consenso equivalente o superior, que busque reforzar nuestro autogobierno dentro de una España plural y una Europa Unida, y sea tramitado conforme a la legalidad vigente.

2. LA POSICIÓN DE L@S SOCIALISTAS: MEJOR AUTOGOBIERNO DENTRO DE LA ESPAÑA PLURAL Y LA UE.-

L@s socialistas vasc@s defendemos un modelo de país pensado para el consenso, un modelo abierto que pretende definir espacios para el entendimiento y para estimular el diálogo y el debate con el resto de las fuerzas políticas.

Queremos construir el futuro de la sociedad vasca reforzando nuestras instituciones de autogobierno en el marco de la España plural y la Unión Europea.

Entendemos el autogobierno como la herramienta más adecuada para organizar la convivencia en sociedades plurales, asegurar el respeto a los rasgos diferenciales de las mismas y gestionar los servicios públicos que garantizan los derechos sociales.

Y para lograr esos objetivos defendemos que los procedimientos, el diálogo y el consenso son tan importantes como los contenidos. Porque entendemos que la actualización de nuestro marco político de autogobierno para las próximas generaciones supone la renovación del pacto entre los vascos, del pacto entre los territorios del País Vasco, y del pacto entre el País Vasco y el resto de España: es decir, el triple pacto que dio origen al Estatuto y nos configuró como comunidad política.

La voluntad del PSE-EE es la de consolidarlo y mejorarlo en todas sus potencialidades, para seguir construyendo país y sociedad. Por eso proponemos, como hemos hecho siempre, reformar el Estatuto de Gernika para adaptarlo a las nuevas exigencias de nuestra sociedad: para tener un mejor autogobierno, para renovar y ampliar en lo posible el pacto entre diferentes, y avanzar en la igualdad y solidaridad entre vascos.

Queremos adaptar el Estatuto a los nuevos tiempos, para que pueda seguir rindiendo frutos y resolviendo los problemas de nuestra sociedad. Nuestra propuesta de actualización y reforma del Estatuto de Autonomía está orientada a tener un mejor autogobierno que profundice en sus fundamentos sociales. Un Estatuto reformado al servicio de toda la sociedad vasca, y no al servicio de intereses particulares, se trate de un partido o de una ideología.

Y queremos, además, desarrollarlo y mejorarlo por consenso entre todas las fuerzas políticas, convencidos como estamos de que los países, las comunidades políticas, no se edifican sobre aspiraciones de parte, sino con acuerdos amplios y proyectos compartidos. Así se construyó Euskadi con el Estatuto, y así tiene que seguir construyéndose en el futuro.

Elementos fundamentales de la apuesta del PSE-EE por la reforma del Estatuto son:

• Compromiso con el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas vascas a intervenir, de acuerdo con las reglas y en los términos que la legalidad constitucional y estatutaria establece, en todas las decisiones políticas que afectan a sus derechos e intereses.
• Compromiso con el derecho al autogobierno para construir una sociedad moderna, plural, igualitaria y cohesionada, mediante un pacto de convivencia cívico y de ciudadanía plena. Una sociedad formada por hombres y mujeres libres y responsables de su futuro, tanto en la España plural y diversa como en la Unión Europea, en solidaridad real y efectiva con las demás Comunidades del Estado, y dentro de los valores superiores y principios básicos de la democracia.

• Compromiso y voluntad de participar en la reforma propuesta por el PSOE y otras fuerzas para, entre otros objetivos, mejorar en la Constitución la protección de los derechos sociales y desarrollar el Estado de las Autonomías en sentido federal; con el fin de mejorar el autogobierno y adaptar nuestro modelo territorial y constitucional a las necesidades surgidas en estos últimos 36 años.

   

Planteamos, por tanto, una reforma del Estatuto para profundizar en él, desde el reconocimiento de su vigencia y desde su puesta en valor:

• Para encauzar la negociación de los flecos pendientes para su pleno desarrollo.
• Para mejorar nuestra capacidad de autogobierno con un sentido social, pensando en las necesidades de la ciudadanía, así como en nuestro protagonismo político en la construcción de España y Europa.
• Para blindar nuestro poder competencial frente a eventuales lecturas reduccionistas o abusivas por parte del Estado.
• Para que los enormes recursos que nos concede este marco se utilicen con mayor decisión y dando prioridad al desarrollo social de Euskadi.

3. REFORMA PREVIA DE LA CONSTITUCIÓN EN SENTIDO FEDERAL.-

Como se ha señalado, uno de los motivos que han conducido al partido que hoy gobierna Euskadi a plantear un “nuevo estatus” ha sido su interpretación particular sobre los roces y disfunciones que han existido en estos 36 años, que los socialistas consideramos que son discrepancias que deben ser corregidas para evitar el recurso permanente al Tribunal Constitucional.

Es por ello que ya desde hace un tiempo se planteó en algunas Comunidades la necesidad de “blindar” las competencias reconocidas en sus respectivos Estatutos y establecer “garantías” ciertas frente a tendencias recentralizadoras.

Por este motivo, y por coherencia normativa, l@s Socialistas Vasc@s defendemos una reforma de la Constitución en sentido federal con carácter previo o simultáneo a la actualización de los contenidos competenciales del Estatuto de Gernika y de sus garantías. Consideramos que es la forma más adecuada y eficaz de “blindar” dichas competencias y de evitar invasiones por parte del Gobierno central y conflictos cruzados.

El PSOE se ha comprometido a abordar, con el consenso de las demás fuerzas políticas, esa reforma que, entre otras cuestiones, lleve el desarrollo del Estado de las Autonomías hacia un sistema federal pleno. En este sentido, ha presentado ya una propuesta abierta para su debate, en el que debería estar también el resto de fuerzas políticas de Euskadi.

LOS CONTENIDOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL PROPUESTA POR EL PSE-EE.

Los contenidos básicos que los proponemos incorporar en la reforma constitucional, recogidos en la llamada Declaración de Granada e incorporados en el programa del PSOE para las elecciones generales, son los siguientes:

• Incluir en la Constitución a las Comunidades Autónomas con su nombre. Es la forma simbólica de significar el carácter compuesto del Estado federal y de dar por cerrado lo que en el texto constitucional de 1978 sólo figura como un proceso posible.
• Mejorar el régimen de cooficialidad de las lenguas de España con el objetivo de establecer su reconocimiento como lenguas del Estado, así como garantizar la libertad de uso, sin discriminación, de cualquiera de las lenguas oficiales en los territorios de las respectivas Comunidades.
• Reformar el Senado para convertirlo en una auténtica Cámara territorial, con presencia en él de representantes de las Comunidades Autónomas. Las funciones de este nuevo Senado se redefinirían para vincularlas a las que derivan de la dimensión territorial (legislación básica del Estado, leyes con incidencia territorial, leyes de financiación, asuntos de la UE que afecten a las comunidades).
• Incluir el principio de lealtad federal entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Impulsar los instrumentos de colaboración y cooperación entre administraciones, residenciándolo en el Senado. Precisar la responsabilidad respectiva del Estado y de las CCAA en relación con el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados de la Unión Europea.
• Racionalizar, clarificar y completar el sistema de distribución competencial, incluyendo la delimitación, al máximo posible, de los ámbitos respectivos en las competencias compartidas y enunciando de manera precisa los títulos competenciales de carácter horizontal del Estado. En otras palabras, en un nuevo artículo 148 se establecerían cuáles son las competencias que de forma indelegable corresponden al Gobierno central, de forma que todas las demás corresponderían a las comunidades autónomas.
• Reconocer expresamente las singularidades de distintas nacionalidades y regiones, y sus consecuencias concretas: lengua propia; cultura; foralidad; derechos históricos; insularidad; organización territorial; o peculiaridades históricas de derecho civil.
• Atribuir al Estado la garantía de la igualdad de todos los españoles en sus condiciones básicas de vida, en el disfrute de los servicios básicos esenciales, en el ejercicio de los derechos y libertades y en el cumplimiento de los deberes, así como la igualdad en el territorio en el que se resida.
• Establecer los elementos fundamentales del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, respetando la singularidad del Concierto Económico del País Vasco y del Convenio Económico de Navarra, conforme a los principios de certeza, estabilidad, y equilibrio en el reparto de los recursos públicos, y los de autonomía financiera, suficiencia, corresponsabilidad, coordinación, solidaridad y equidad interterritorial. Definir en el sistema la forma de operar de los mecanismos de nivelación financiera con el objetivo de dar la máxima transparencia a la garantía del principio de solidaridad a través del reconocimiento de niveles similares de servicios públicos; el alcance del concepto de esfuerzo fiscal similar en todos los territorios, entendido como la existencia de una referencia normativa de tipos impositivos efectivos iguales; la atención a la precisión del Tribunal Constitucional de que la contribución interterritorial no coloque en peor condición relativa a quien contribuye, impulsando asimismo la convergencia de renta y riqueza entre las Comunidades que permita garantizar el principio de igualdad; y el reconocimiento de los imprescindibles instrumentos de cohesión, equilibrio y convergencia territorial.
• Configurar en la Constitución una autonomía local fortalecida y sostenida sobre los principios de competencias propias, subsidiariedad y suficiencia financiera, el impulso a la cooperación intermunicipal y la protección de la igualdad de los ciudadanos de los municipios rurales en el acceso a los servicios esenciales.
• Mantener la unidad del poder judicial y la preeminencia del Tribunal Supremo, orientado principalmente, mediante el recurso de casación, a la unificación de doctrina. Atribuir a los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de las Comunidades la culminación ordinaria de la resolución de los recursos judiciales. Garantizar la independencia del Consejo General del Poder Judicial y posibilitar la descentralización en las Salas de Gobierno de los TSJ de determinadas decisiones administrativas.

VENTAJAS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL PREVIA.

Consideramos que la reforma previa de la Constitución en la dirección propuesta representa la mejor estrategia para resolver los principales problemas que han llegado a debilitar la confianza en el marco estatutario, y que, al mismo tiempo, es el proceso más adecuado para abordar la actualización del Estatuto de Gernika como Constitución interna del País Vasco

Ofrece seguridad jurídica:

Los cambios señalados, además de encauzar desde la Constitución las disfunciones conocidas en la atribución y el ejercicio de las competencias al Estado y a las Comunidades Autónomas, ofrecen garantías jurídicas plenas en las posteriores modificaciones en el Estatuto. Puede evitarse así cargar el texto estatutario de una regulación extensa y prolija del ámbito competencial, y concentrarse en los demás aspectos del autogobierno.

Hace compatible la igualdad básica de derechos y la asimetría:

El ajuste constitucional en clave federal resuelve también de algún modo el debate sobre la asimetría del modelo autonómico. Por un lado establece el principio de igualdad de todos los españoles en lo que se refiere a los derechos de ciudadanía y de acceso a los servicios básicos. Pero, en paralelo, se reconocen expresamente las singularidades de determinadas comunidades, entre las que Euskadi ocupa una posición destacada.

No en vano, en esos rasgos distintivos que tendrían rango constitucional expreso, en el caso vasco se encuentran la propia denominación de la Comunidad y su autodefinición; los derechos históricos como afirmación de singularidad; el sistema de relación financiera y tributaria propio definido por el Concierto Económico y el Cupo; el euskera como idioma cooficial, o el derecho civil.

Existe, por tanto, una asimetría plasmada jurídicamente y una asimetría de decisión en el ejercicio de las competencias. Porque no todas las Comunidades demandan o disponen de una policía autonómica, de un servicio de radiotelevisión propio o de otros elementos diferenciales. Sin embargo, es indudable que su disposición, así como la autopercepción de una sociedad como comunidad singular, hacen compatible un modelo federal con la existencia de factores asimétricos.

Cabe concluir, por tanto, que la singularidad del País Vasco y sus potencialidades de autogobierno quedarán mejor reconocidas y protegidas con este esquema de reforma constitucional previa que con cualquier otro planteamiento que pueda hacerse.

Como se ha indicado, resuelve los problemas comprobados en el funcionamiento del Estado de las Autonomías, tanto los que no podían preverse en su origen como los originados en su desarrollo posterior; afina los perfiles federales del reparto de poder interno, dotándolo de órganos de cooperación intergubernamental operativos, y ofrece seguridad jurídica.

Resulta del todo conveniente, en consecuencia, que Euskadi intervenga activamente en la reforma de la Constitución, a través de las fuerzas políticas con representación en el Congreso de los Diputados, en un proceso abierto y participativo.

Ahora bien, si el Gobierno futuro o una mayoría clara del próximo Parlamento consideran que la actualización del Estatuto –que se ha pospuesto tres décadas por el interés de las fuerzas nacionalistas– debe abordarse sin más dilación desde el máximo consenso y para mejorar nuestro autogobierno en el marco de una España plural y una Europa unida, l@s Socialistas Vasc@s nos comprometemos a participar activamente en el debate. Lo haremos a partir de la propuesta articulada que presente el Gobierno vasco, y con la premisa de que cualquier planteamiento debe adecuarse al vigente marco legal que establece la Constitución.

4. ELEMENTOS PARA UNA REVISIÓN DEL ESTATUTO DE GERNIKA.-

MARCO GENERAL.

L@s Socialistas Vasc@s consideramos que la futura reforma del Estatuto de Gernika debería tener en cuenta los elementos que se exponen a continuación.

Introducción de un Preámbulo o exposición de motivos:

El Estatuto, como se ha indicado, carece de la Exposición de Motivos o Preámbulo que es habitual en las leyes y en las normas fundamentales, como lo tiene la Constitución Española, su coetáneo Estatuto catalán de Sau y la inmensa mayoría de los Estatutos de segunda generación.

Esta declaración previa al articulado debería aprovecharse para solemnizar, con el máximo acuerdo posible, el triple pacto que carga de sentido histórico al Estatuto de Gernika, así como para resaltar los aspectos simbólicos, históricos e identitarios que singularizan el autogobierno de Euskadi.

• El Preámbulo del nuevo Estatuto puede ser aprovechado para hacer un reconocimiento explícito de la pluralidad de identidades y sentimientos que existen en la sociedad vasca –y que tienen como nexo común la asunción de la singularidad del País Vasco en términos de “nacionalidad”–, que vaya más allá de su actual plasmación en los artículos 1 del texto de Gernika y 2 de la Constitución, y de los signos más diferenciales de nuestro autogobierno: la referencia a los derechos históricos contenidas en las disposiciones adicionales de la Constitución y el Estatuto, el Concierto Económico, el euskera como idioma cooficial o el derecho civil.
• L@s Socialistas vasc@s no sacralizamos el concepto de “nación”, que en los últimos tiempos está sufriendo una profunda modernización y reformulación de su significado original en el mundo occidental, ni tampoco lo consideramos un tabú. Por el contrario, estaríamos dispuestos a estudiar su incorporación en el futuro texto estatutario, si queda claro que no se fundamenta en una supuesta soberanía diferenciada. Es decir, que, como ha señalado el Consejo de Europa, la reivindicación como nación de una comunidad que se autodefine como tal por razones culturales, históricas o lingüísticas no presupone el derecho político a constituirse en Estado. De hecho, en su sentencia 31/2010 de 28 de junio sobre la Reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, el Tribunal Constitucional ya aventuró que una definición como nación de esa naturaleza (no jurídico-política) podría ser perfectamente compatible con la Constitución, que ya distingue entre nacionalidades y regiones.
• El Preámbulo, así mismo, debería incluir una referencia obligada a nuestra historia reciente, que nos permita una descripción real y consensuada de la violencia política sufrida en plena fase de consolidación y desarrollo de nuestra autonomía. Una referencia que nos proyecte a un futuro común en base a la memoria y a la verdad de las víctimas, a la paz para siempre y al pluralismo democrático de una convivencia renovada.
• Por otro lado, sería igualmente adecuado incorporar en el Preámbulo el compromiso de la sociedad vasca con una Europa unida en su diversidad.

Modificaciones en el Título Preliminar. Una nueva regulación de Derechos y Deberes:

El proceso de actualización del Estatuto, en lo que se refiere a su Título Preliminar, debería aprovecharse para intentar afinar varios aspectos que quedan difusos en su actual redacción. En este sentido, sería conveniente:

• Acordar una definición semántica más precisa de la comunidad vasca, así como resolver la indefinición que subsiste en cuanto a la capitalidad-sede de las instituciones comunes o al himno y escudo oficiales.
• Precisar el estatus del euskera y el derecho a conocer y usar las dos lenguas oficiales de Euskadi, incorporando lo avanzado en este campo desde la Ley de Normalización del Uso del Euskera de 1982
• Fijar una nueva y amplia regulación de Derechos y Deberes de las ciudadanas y ciudadanos vascos que, en concordancia con los derechos fundamentales que establezca a su vez la reforma de la Constitución para el conjunto de los españoles, regule una Carta de Relaciones entre los ciudadanos y los Poderes Públicos de la Comunidad.

Cabe recordar que el artículo 9 del Estatuto ya define la obligación de las instituciones vascas, en el ámbito de su competencia, de: velar y garantizar “el adecuado ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos”; impulsar “particularmente una política tendente a la mejora de las condiciones de vida y trabajo; “fomentar el incremento del empleo y la estabilidad económica”; adoptar “aquellas medidas dirigidas a promover las condiciones y a remover los obstáculos para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean efectivas y reales”; y facilitar “la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social del País Vasco”.

Se trataría de profundizar en los aspectos sociales del Estatuto, reconociendo expresamente derechos ya incorporados con posterioridad por las leyes vascas, como el acceso a la renta de garantía o a la vivienda por parte de quienes carecen de recursos suficientes, así como los que tienen que ver con la transparencia y participación. Y también, de completar este capítulo con una relación de deberes específicos.

LA DEFINICIÓN COMPETENCIAL EN RELACIÓN CON EL ESTADO.

En este apartado hay que tener en consideración dos aspectos:

• Primero, que el Tribunal Constitucional ha fijado reiteradamente la doctrina de que no cabe condicionar desde un Estatuto de Autonomía el ejercicio de competencias atribuidas al Estado.
• Segundo, que la clarificación de las mismas es una de las finalidades esenciales de la reforma de la Constitución que proponemos los socialistas y que debe abordarse en la nueva legislatura en España.

La clarificación competencial que se derivaría de la reforma de la Constitución en clave federal no sólo evitaría la actual conflictividad en esta materia, sino que ayudaría sobremanera a desatascar el debate sobre las competencias estatutarias que se consideran pendientes de ser transferidas.

Independientemente de la regulación que se haga del cuerpo competencial que corresponde al País Vasco, hay tres aspectos que deberían incorporarse en esta reforma:

• En el capítulo de la Administración de Justicia, una organización territorial de la misma adaptada a la realidad y necesidades de la Comunidad Autónoma, según el esquema que resulte de la reforma de la Constitución en este ámbito. La postura del Partido Socialista es que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se convierta en la última instancia ordinaria en la resolución de los recursos judiciales, quedando atribuida al Tribunal Supremo la unificación de la doctrina en casación.
• Un nuevo capítulo referido a las relaciones con la Unión Europea, que defina mejor los mecanismos de intervención en la política comunitaria de la UE, especialmente en las materias de competencia exclusiva del País Vasco, y una mayor flexibilidad de acción exterior de la Comunidad Autónoma, en los parámetros que se perfilen en la reforma constitucional o, en su caso, los que permita la actual Constitución.
• Un apartado específico dedicado a los mecanismos de relación con el Gobierno del Estado. En él se aseguraría la aplicación del principio de bilateralidad en aquellas materias en las que el País Vasco tiene una competencia exclusiva singular (Concierto Económico, Seguridad-Policía, etc.), así como una participación común en las competencias concurrentes a través de mecanismos federales de cooperación (en el Senado principalmente).

5. REFORMAS DEL AUTOGOBIERNO HACIA ADENTRO

En el ámbito de la organización institucional y competencial, los Socialistas consideramos que debe aprovecharse también la reforma del Estatuto para mejorar el autogobierno hacia adentro de la Comunidad Autónoma, con criterios sociales y de eficacia. Después de 36 años de fructífera andadura estatutaria, Euskadi necesita ponerse al día internamente para responder a los cambios de todo tipo producidos en nuestra sociedad durante ese tiempo y prepararse para un futuro que ya es presente.

Una sociedad vasca cada vez más plural y globalizada, enriquecida con la incorporación de nuevos inmigrantes, abierta a la modernidad y preocupada por las incertidumbres que ha sembrado la todavía no superada crisis económica, plantea nuevas demandas a las instituciones públicas y requiere de ellas respuestas diferentes. Exige avanzar en la igualdad de derechos y obligaciones, en una mayor cohesión territorial y social, y en una gestión pública más transparente y eficiente.

No se entendería que, planteándose una reflexión profunda sobre el modo de inserción del autogobierno de Euskadi en el conjunto de España, no se aborde simultáneamente una revisión del modo como ha funcionado el autogobierno hacia adentro.

REFORMA DE LA LTH.

Han transcurrido ya más de treinta años desde que el Parlamento Vasco aprobó la LTH. El transcurso del tiempo y la práctica institucional desarrollada durante estos años ofrece hoy a la sociedad vasca y a sus instituciones una experiencia que debería permitir la aprobación de una nueva ley que regule y actualice la organización institucional interna de la Comunidad Autónoma con mayor sosiego y con un grado de consenso más amplio y consistente que el que obtuvo 1983.

Euskadi es una comunidad pequeña, de apenas 2,2 millones de habitantes, en la que se ha configurado a lo largo de los años un entramado institucional complejo que ha generado multitud de ineficiencias, solapamientos y duplicidades. Y, lo que es peor, también ha dado lugar a un problema de igualdad, porque la ciudadanía vasca recibe más o menores servicios en algunos ámbitos de competencia foral en función de que resida en uno u otro territorio.

A estos desajustes ha conducido la pretensión de dar exclusividad a los Territorios Históricos en un importante ámbito de competencias, intentando despojar al Parlamento de cualquier capacidad de dirección política global a través de las leyes. O el hecho de que, por una anacrónica concepción de la foralidad, se haya querido convertir a las Instituciones comunes en convidadas de piedra en la distribución de los recursos financieros internos de la Comunidad Autónoma y en la definición de la política fiscal.

Por eso creemos que es tiempo de avanzar, de repensar Euskadi, para hacerla más moderna y sostenible, para garantizar la igualdad al conjunto de la ciudadanía vasca, resida en el territorio que resida. Esto ha sido y es la motivación de los y las socialistas vascos para impulsar esta reforma, que pretende:

• Modernizar el entramado institucional interno de la CAPV:
  • Clarificando el reparto competencial y las funciones que deben desarrollar el Gobierno, las Diputaciones y los Ayuntamientos.
  • Revisando y mejorando los mecanismos de coordinación y cooperación entre estas administraciones.
• Garantizar la igualdad y la cohesión social y territorial:
  • Creando un Fondo Especial para la nivelación Territorial, que establezca un sistema de distribución de recursos financieros que responda a criterios objetivos (competencias, renta relativa, esfuerzo fiscal, capacidad recaudatoria…), pero que incorpore también criterios de solidaridad y desarrollo económico y social para garantizar la cohesión.
  • Armonizando las prestaciones y servicios básicos para el conjunto de la ciudadanía.
• Mejorar la calidad democrática y la transparencia de nuestras instituciones, devolviendo al Parlamento Vasco el papel que le corresponde en la orientación de la política general:
  • Con potestades tributarias que se derivan del Concierto Económico.
  • Con participación en la distribución de los recursos financieros.
  • Con regulación para nuevas competencias y funciones de los Territorios.
• Sostener los Servicios que prestan los Ayuntamientos, garantizando a los municipios los recursos económicos suficientes para la prestación de los servicios públicos que les corresponden.
  • Creación de un Nuevo Fondo Municipal, cuyos criterios de reparto sean determinados por el Parlamento vasco.