PSE-EE PSOE Euskal Sozialistak

1. Administración pública vasca moderna.

• Un sector público distinto para un modelo institucional diferente.
• Un nuevo empleo público.
• Una administración pública basada en la innovación social.

2. Transparencia y rendición de cuentas.

• Transparencia comunicada.
• Rendición de cuentas.
• Auditoria social.
• Nuestra estrategia para una transparencia efectiva.

3. Seguridad y Justicia:

• Defensa de los Derechos de ciudadanía.
• Una justicia que garantice nuestros derechos.
• Una justicia al servicio de la ciudadanía.
• Transferencia de competencias en materia penitenciaria.
• La nueva policía vasca: más seguridad con derechos.

4. Un nuevo modelo plural, objetivo y sostenible para EITB.

1. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA VASCA MODERNA.

Durante el mandato de Patxi López, el Gobierno vasco apostó decididamente por el Gobierno Abierto, por una gobernanza que, basada en la trasparencia, se centrara en la participación, la dación de cuentas y en el trabajo colaborativo. Proyectos como Irekia, Open Data o Gardena, colocaron al Gobierno vasco a la cabeza de la transparencia según instancias internacionales y hemos sido copiados por otros gobiernos del mundo.

En la última legislatura el Gobierno de Urkullu solo ha mantenido lo ya hecho, como no podía ser de otra forma, pero ha sido incapaz de reformar la Administración y su función pública, así como de reducir el denso entramado de organismos y sociedades públicas. De hecho, tuvo que echar para atrás la Ley de Administración Pública, que incluía la transparencia solo como un apartado y presentó muy tarde el proyecto de Ley de Empleo Público, lo que impidió su tramitación en la legislatura, ya que tenía la oposición unánime del resto de partidos políticos y de los sindicatos de la función pública.

El PSE-EE propone la reconstrucción de un Sector Público vasco que sirva con objetividad a los intereses generales y que se adecúe a un nuevo entramado institucional más liviano, menos rígido, que acabe con las duplicidades y las ineficiencias que el actual sistema provoca.

UN SECTOR PÚBLICO DISTINTO PARA UN MODELO INSTITUCIONAL DIFERENTE:

Impulsaremos una Ley del Sector Público que:

… Sea aplicable a todos los niveles institucionales vasco o que, cuanto menos, garantice el papel de coordinador que el Gobierno vasco ha de tener en todo el entramado institucional y que agilice y facilite la aplicación de leyes trascendentales que han de afectar a todas las instituciones de Euskadi.
… Tenga una decidida apuesta por la simplificación de su entramado societario, evitando duplicidades e ineficiencias.
… Incluya formas de control en materia de personal, de presupuestos y financiación de las entidades que forman el sector público vasco, principalmente empresas y fundaciones públicas.
… Incorpore una voluntad firme de reducción del número de entidades que integran el sector público autonómico, especialmente empresas y sociedades públicas que tanto han proliferado, siempre que no demuestren su eficacia y eficiencia en la prestación del servicio público.

UN NUEVO EMPLEO PÚBLICO.

L@s Socialistas impulsaremos una ley de empleo público que fomente un nuevo modelo de negociación colectiva.

… Una ley de aplicación homogénea en todos los niveles institucionales vascos a través de la Mesa de las administraciones públicas vascas.
… Que garantice la participación sindical en el establecimiento de las condiciones de trabajo y en la organización interna.
… Que incluya la participación de los empleados y empleadas del sector público a través de modelos organizativos más horizontales y donde se tenga en cuenta el talento de todos.
… Se han de introducir en ella nuevas fórmulas de provisión de puestos de trabajo a través de mayores posibilidades de movilidad y traslado entre administraciones.
… La Ley incluirá también medidas eficaces contra el exceso de interinidad que sufren nuestras administraciones, mediante nuevas fórmulas de contratación, procesos de consolidación de empleo y la planificación de OPEs periódicas.

UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA BASADA EN LA INNOVACIÓN SOCIAL.

• Abogamos por un nuevo modelo tecnológico que permita aumentar la productividad e introduzca sistemas de interoperabilidad y compartición de inversiones. Con ellos, la tecnología puede ser el catalizador de una Administración pública sencilla para la ciudadanía, que aporte valor añadido eliminando las cargas administrativas actuales.
• Impulsar las redes colaborativas y las comunidades de prácticas: una Administración pública moderna, ágil y eficiente es necesaria para lograr mayores cotas de bienestar social. Y para ello necesita creatividad e innovación.
• La innovación es el instrumento para mejorar los servicios públicos, para poner en el centro a la ciudadanía y a las empresas, y, en general, para que la gestión pública genere verdadero valor social, aplicando ideas y fórmulas novedosas.

2. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

El PSE-EE fue el primer partido vasco en comprometerse con los principios del gobierno abierto. El Gobierno del Lehendakari Patxi López tuvo el acierto de poner en práctica, por primera vez en España, un programa integral de apertura, con la transparencia, la participación y la colaboración como valores conductores.

La Ley 19/2013, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ha hecho obligatoria para todas las Administraciones públicas de España la publicación de determinados contenidos. Pese a que supone un indudable avance, la mayoría de ellas se ha quedado en un cumplimiento formal de la Ley, que no sirve para un enriquecimiento democrático de la gestión pública.

Por eso distinguimos entre dos formas de transparencia. La primera sería una transparencia formal, que supone la mera publicación de la información a que obliga la Ley. La segunda sería una transparencia efectiva, que sucede cuando la ciudadanía accede a la información y se forma juicio propio. La transparencia efectiva exige un papel activo de la Administración para que la información se difunda, se entienda y provoque un debate constructivo.

Los requisitos básicos de la transparencia efectiva son:

• Publicidad: toda la información es accesible.
• Claridad: es entendible por cualquier persona interesada.
• Accesibilidad: cualquiera puede obtener la información.
• Facilidad de uso: procesar la información o hacerla circular es sencillo.
• Basada en hechos: es posible comprobar su veracidad acudiendo a los datos.
• Bidireccional: la ciudadanía puede preguntar y pedir aclaraciones.
• Máximo alcance: incluye a todos los agentes que participan de la gestión de lo público.

La transparencia es importante porque la información es importante. Podemos decir que el derecho a estar informado es el primer derecho de la ciudadanía en democracia, ya que sólo un ciudadano informado está capacitado para ejercer de forma plena el resto de sus derechos.

Nuestra propuesta para avanzar en transparencia consta de 3 fases:

TRANSPARENCIA COMUNICADA.

La mera publicación de información no supone una gran diferencia respecto del conocimiento que se transmite. El simple hecho de poder acceder a un enorme archivo pdf con los detalles del presupuesto y el gasto del Gobierno no consigue acercar la gestión de lo público a la ciudadanía.

Nuestro compromiso:

• Comunicar mejor la información de transparencia mediante contenidos atractivos y didácticos, que permitan su lectura en varios niveles de profundidad y que aporten interactividad, haciendo uso de gráficos, visualizaciones, infografías y mapas, con uso de lenguaje claro y adopción de sistemas de lectura fácil.

RENDICIÓN DE CUENTAS.

La claridad no basta. La información dice poco si no se pone en el contexto de los objetivos que se pretenden conseguir. La transparencia aporta valor público cuando sirve para que la ciudadanía se forme una opinión informada acerca de cómo van las cosas. Por lo tanto, el segundo hito tiene que ver con mostrar la planificación, los avances, los logros y los fracasos, el consumo de recursos y el cumplimiento de plazos.

Nuestro Compromiso:

Para poder rendir cuentas sobre la acción de gobierno, proponemos la extensión a todo el sector público autonómico de sistemas de gestión, con cuadros de mando abiertos al escrutinio público que ofrezcan datos actuales en tres frentes:

• Previsiones, avances y resultados de los programas de gobierno,
• Previsiones, avances y resultados de los proyectos en marcha,
• Calidad de los servicios públicos, mediante cartas de servicio.

AUDITORIA SOCIAL.

Implantar una rendición de cuentas cuesta trabajo. Y, sin embargo, no servirá de nada si la ciudadanía no muestra un interés en enterarse de los resultados de la gestión. Queremos lograr que la ciudadanía se interese por la marcha de lo público, en un momento de baja legitimación de las instituciones.

Nuestro Compromiso:

• Lanzar un programa de empoderamiento ciudadano, que comienza por segmentar distintos colectivos de destinatarios para implicarlos en una mejor práctica de la transparencia y dar respuesta a sus necesidades y expectativas.

NUESTRA ESTRATEGIA PARA UNA TRANSPARENCIA EFECTIVA.

Para llevar a cabo esta propuesta, comenzaremos por una evaluación integral de la política de transparencia actual que revise no sólo qué se está publicando, sino también cómo se está publicando; que contemple no sólo qué plataformas tecnológicas se usan, sino también qué demandas existen en el lado de la ciudadanía.

Proponemos un plan estratégico integral de la transparencia, que atienda a los siguientes elementos:

• Liderazgo: impulso desde lo más alto para lograr el más amplio alcance.
• Normativa: ante la dispersión de leyes y otras normas que afectan a la transparencia, proporcionar un marco normativo claro que se sitúe entre los más progresistas de Europa.
• Organización y financiación: dirigir la práctica de la transparencia desde una unidad suficientemente dotada y con capacidad para alcanzar acuerdos entre instituciones.
• Demanda: emprender un diálogo continuo con la ciudadanía y lanzar programas didácticos para avanzar hacia una ciudadanía más corresponsable.
• Sistemas de información: inventariar los activos de información disponibles y adaptar los sistemas para la sostenibilidad de un modelo de gobernanza que rinde cuentas de manera constante.
• Referentes de transparencia: cumplir con los estándares internacionales y sumarnos a las mejores prácticas mundiales.
• Gestión pública: implantar la gestión por resultados y, en general, sistemas de gestión avanzada que permitan una evaluación abierta constante.
• Gobierno abierto: poner en estrecha relación la iniciativa de transparencia con las de participación y colaboración.
• Datos abiertos: alinear el proyecto de Open Data Euskadi con la estrategia de transparencia, para aportar los datos necesarios en los formatos adecuados.
• Comunicación: hacer uso inteligente de la comunicación, interna y externa, para hacer llegar la rendición de cuentas colaborativa a la sociedad civil, la ciudadanía en general y los propios trabajadores públicos.
• Innovación pública: habilitar equipos de innovación que puedan producir prototipos y cambios continuos para el avance de la transparencia.
• Extensión interadministrativa: proponemos para el Gobierno vasco un papel facilitador que dé soporte a las Administraciones forales y locales, así como a otros entes públicos, con el fin de lograr un nivel homogéneo de transparencia en todo el sector público vasco.
• Redes de colaboración: proponemos establecer una relación en red con las comunidades ciudadanas que trabajan por la transparencia, para beneficio mutuo.

La transparencia persigue la meta de una gobernanza en red con una ciudadanía que adopta un papel activo en la gestión de la cosa pública. El ejercicio continuo de la rendición de cuentas sienta las bases de una relación de confianza entre gobernantes y gobernados que mejora la legitimidad de las instituciones públicas. Este es el propósito de nuestra propuesta de transparencia para Euskadi.

3. SEGURIDAD Y JUSTICIA:

LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE CIUDADANÍA.

Tras cuatro años de gobierno de la derecha vasca nacionalista, el desarrollo y garantía desde el Gobierno Vasco de los derechos de ciudadanía en nuestro país han sufrido un estancamiento, cuando no una involución evidente. Esto ha sido provocado, entre otras gestiones desacertadas de los servicios públicos, por la forma en que el PNV ha afrontado la responsabilidad pública en los servicios de justicia y seguridad.

También por su deficiente e insensible falta de políticas ante retos democráticos urgentes, como la defensa institucional de los derechos y libertades, la erradicación de la violencia de género, las políticas de igualdad en la diversidad o la laicidad de instituciones y sociedad en nuestro país.

UNA JUSTICIA QUE GARANTICE NUESTROS DERECHOS.

Una Justicia que proteja los derechos y una seguridad ciudadana eficaz son servicios públicos que se constituyen como pilares para garantizar las libertades públicas y los derechos de ciudadanía.

El sistema judicial ha sufrido una fuerte crisis también estos últimos años como consecuencia de las deficiencias estructurales, organizativas, procesales y presupuestarias, lo que ha generado una desigual distribución de recursos personales y materiales, y de la carga de trabajo que asumen los órganos judiciales. La sobrecarga de trabajo se traduce en ralentización, incumplimiento de plazos previstos en la ley e imposibilidad de ofrecer a la ciudadanía un servicio público de calidad en condiciones de igualdad. Se está generando justicia a distintas velocidades y de distinta calidad para unos y para otros, y con ello se aumenta la sensación de impunidad y la desconfianza de la ciudadanía.

Las reformas efectuadas por el Partido Popular en el Gobierno de España han elevado al máximo la desigualdad de oportunidades de la ciudadanía ante la administración de justicia, hasta el punto que el propio Tribunal Constitucional ha anulado las tasas judiciales del ministro Gallardón por contrarias a la Constitución, estimando el recurso del Partido Socialistas. Al mismo tiempo, han empeorando su eficacia y eficiencia, y la han hasta niveles inadmisibles en democracia. Pero no es menos cierto que, desde el Gobierno vasco, este proceso de desmantelamiento de la justicia en España se ha acompañado con una actitud pasiva y silente, abandonando las reformas e inversiones imprescindibles que necesitaba la administración de justicia en el País Vasco.

L@s Socialistas vasc@s apostamos por recuperar los derechos de ciudadanía en Euskadi, trabajando para construir un modelo de justicia diferente, reactivando el trabajo que se inició durante el Gobierno del lehendakari López en el Departamento de Justicia, y que ha sido abandonado a su suerte por el PNV

Nuestro modelo de justicia se basa en la igualdad de oportunidades y la prevención de la conflictividad social. En la atención y el servicio eficaz y eficiente, con plena incorporación de las nuevas tecnologías, que garantice la tutela judicial efectiva, dentro de una política integral de reparación de los daños que puedan sufrir los y las ciudadanas.

Desde el PSE-EE nos comprometemos con la garantía de una justicia restaurativa y de calidad, que cuente con la participación ciudadana, proteja sus derechos, resuelva de forma rápida y eficiente sus litigios y controversias, y ofrezca seguridad jurídica. Porque queremos una justicia accesible, en la que los conflictos se resuelvan de una manera justa y en un tiempo razonable. Una justicia bilingüe, con garantía de los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía vasca.

Con ese objetivo, l@s Socialistas Vasc@s impulsaremos un proceso de auditoría y evaluación pública del sistema judicial en Euskadi sobre criterios y parámetros basados en su eficiencia, eficacia y sostenibilidad, con el fin de buscar un diagnóstico constructivo y evaluar la reorganización en aquellos ámbitos que precisen refuerzo, de manera que se establezcan criterios de optimización de recursos.

Asimismo apostamos por una Oficina Judicial dotada de los medios necesarios para desarrollar un actuación más eficaz y cercana a la ciudadanía, que materialice un verdadero servicio público, impulsando la habilitación de la interconexión electrónica de la administración de justicia y la ciudadanía, el expediente electrónico y la informatización integral del procedimiento judicial.

De igual forma, consideramos imprescindible trabajar con el Gobierno de España para reorganizar la Planta Judicial de forma racional, para que el nuevo mapa judicial se acomode a las nuevas realidades sociales y territoriales.

La crisis económica ha incrementado la demanda de justicia. Pero el Gobierno vasco se ha olvidado de actuar a favor de la ciudadanía en su acceso a la justicia, precisamente cuando las personas más afectadas por la crisis necesitaban con carácter urgente la tutela de los tribunales. En estos cuatro últimos años no se ha apostado por una administración de justicia de calidad, habiendo disminuido los presupuestos en esta materia.

Frente a la desidia del Gobierno nacionalista, l@s socialistas nos comprometemos a aumentar los recursos humanos y técnicos de la administración de justicia en Euskadi. Para ello consideramos imprescindible garantizar el apoyo material y económico a los Juzgados, especialmente a los especializados, para evitar dilaciones, así como la adopción de medidas para la estabilidad de la plantilla judicial y el reforzamiento de la calidad en la formación de jueces, fiscales y secretarios judiciales.

Seguiremos trabajando para garantizar el acceso a una justicia gratuita, único horizonte de protección de las personas más vulnerables, aumentando los recursos presupuestarios y apoyando desde el Gobierno vasco este servicio público esencial para garantizar la tutela judicial efectiva. Es el momento de acometer cambios de calado que mejoren la prestación el derecho a la justicia gratuita tanto en lo que se refiere a los demandantes como a los profesionales

L@s Socialistas Vasc@s queremos una justicia gratuita real, mejorando también el servicio público de asistencia jurídica y la dignificación del turno de oficio. Para ello proponemos un desarrollo normativo consensuado con los órganos colegiales y las asociaciones de letrados y letradas del turno de oficio, que desarrollan su trabajo con elevados estándares de rendimiento y reconocimiento europeo e internacional, incluyendo en el mismo la revisión de honorarios y condiciones laborales y procesales con las que realizan su trabajo.

De igual forma, desde PSE-EE consideramos una obligación democrática del Gobierno vasco colaborar activamente, a través de la acción política e institucional, en las imprescindibles propuestas de reforma para recuperar los derechos y libertades de ciudadanía perdidos por la acción del Gobierno de España del Partido Popular en los últimos cuatro años. La ciudadanía no permite ya la excusa de la competencia para no colaborar en interés del bien común y la defensa de los derechos de todos.

Es por ello que consideramos que el Gobierno vasco debe ser protagonista de la recuperación de derechos ciudadanos, estando presente en todos ámbitos y defendiendo y activando las propuestas orientadas a modificaciones legislativas como la eliminación de la ley mordaza, revisión del Código Penal, derogación de la prisión permanente revisable, eliminación del artículo 315.3 sobre el ejercicio del derecho de huelga, recuperación del principio de jurisdicción universal, y la revisión de los tipos e incremento de penas en delitos que afectan al conjunto de la sociedad: corrupción, financiación irregular de partido políticos, delitos contra la hacienda pública, la ordenación del territorio, el medio ambiente y el urbanismo, o la implementación de instrumentos para la revisión y reparación de errores judiciales.

UNA JUSTICIA AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA.

• Aprobar la Ley vasca que desarrolle la Carta de Derechos de la Ciudadanía, así como el Plan de Transparencia de la administración judicial vasca, e incentivar la participación activa de la ciudadanía en la administración de justicia.
• Impulsar un proceso de auditoría y evaluación pública del sistema judicial en Euskadi, sobre criterios y parámetros basados en su eficiencia, eficacia y sostenibilidad, con el fin de buscar un diagnóstico constructivo para su mejora y evaluar la reorganización en aquellos ámbitos que precisen refuerzo.
• Promover una justicia gratuita real, mejorando también el servicio público de asistencia jurídica gratuita y la dignificación del turno de oficio. Para ello proponemos un desarrollo normativo consensuado con los órganos colegiales y las asociaciones de letrados y letradas del turno de oficio, que desarrollan su trabajo con elevados estándares de rendimiento y reconocimiento europeo e internacional, incluyendo en el mismo la revisión de los honorarios y las condiciones laborales y procesales con las que realizan su trabajo.
• Aumento de los recursos humanos y técnicos de la administración de justicia en el País Vasco. Para ello consideramos imprescindible garantizar el apoyo material y económico a los Juzgados, especialmente a los especializados, para evitar dilaciones, así como la adopción de medidas para la estabilidad de la plantilla judicial.
• Fortalecimiento de la formación y sensibilización de los jueces, fiscales y funcionarios judiciales que se ocupan de los delitos de violencia de género y otros delitos de odio.
• Potenciación del modelo de Justicia de proximidad, apoyando la Justicia de paz para la resolución de conflictos de escasa complejidad y que requieren un tratamiento más ágil.
• Completar el proceso de implantación de las TIC, impulsando la habilitación de la interconexión electrónica de la administración de justicia y ciudadanía, el expediente electrónico, y la informatización integral del procedimiento judicial.
• Habilitación de una interlocución directa y fluida entre juzgados, tribunales y ministerio fiscal con el Departamento de Política Social y otros organismos públicos, para responder de forma inmediata y eficaz a las situaciones de emergencia social como consecuencia de actuaciones judiciales o de la fiscalía.

TRASFERENCIA ÍNTEGRA DE LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE POLÍTICA PENITENCIARIA.

En el ámbito penitenciario l@s socialistas nos comprometemos a la reclamación al Gobierno de España de la transferencia íntegra de las competencias de prisiones al Gobierno vasco.

Nuestra política penitenciaria será una nueva política, adaptada a los tiempos y circunstancias actuales, que establezca la reeducación y la reinserción social como elementos esenciales que deben orientar el cumplimiento de las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad. Derivada de nuestra creencia en una política criminal preventiva, haremos desde el Gobierno vasco con la política penitenciaria una verdadera política social y de rehabilitación. Para ello el tratamiento, con programas específicos atendiendo a los perfiles de los reclusos, debe convertirse en el eje de la política penitenciaria, ampliando el cumplimiento abierto y el desarrollo de las penas alternativas a la prisión.

LA NUEVA POLICÍA VASCA: MÁS SEGURIDAD CON DERECHOS

Euskadi vive hoy tiempos de paz y no violencia. Fue con un Gobierno vasco socialista, liderado por el lehendakari Patxi López, y con un Gobierno de España socialista, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, cuando este país puso fin al terrorismo de ETA. Fue el punto y final a un largo y tenebroso periodo para los derechos y libertades de la ciudadanía vasca, que acabó con la persecución, violencia y hostigamiento de ETA y su entorno violento.

El desistimiento de ETA fue el resultado de la firmeza democrática de la sociedad y sus instituciones, y del esfuerzo anónimo de jueces, fiscales, funcionarios de prisiones, y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Entre ellos, en primera línea, la policía autonómica vasca, la Ertzaintza.

En los últimos cuatro años de Gobierno nacionalista la Ertzaintza no ha sufrido la transformación necesaria que permita optimizar y redirigir sus recursos personales y materiales, de extraordinaria calidad, a la configuración de un nuevo modelo de policía vasca, reorientando los esfuerzos dedicados hasta hace bien poco a la lucha contra ETA a mejorar la atención y seguridad de la ciudadanía. En ese sentido, se ha perdido un tiempo valioso en la pasada legislatura para esa reforma integral que hubiese permitido una adaptación profesional y organizativa de la Ertzaintza a las demandas de seguridad ciudadanas frente a las nuevas formas de delito.

Para ello, l@s Socialistas Vasc@s entendemos urgente disponer de un nuevo Plan Estratégico de Ordenación y Modernización de la nuestra policía, modificando substancialmente el plan Horizonte 2016 del Gobierno del PNV, un plan que adolece de notorias deficiencias y falta de objetivos, desaprovechando la experiencia y capacitación de la Ertzaintza.

El modelo de seguridad que pretendemos está además basado en la prevención; en priorizar aquellas actuaciones de anticipación que pretenden de forma específica reducir o canalizar la conflictividad social, que está en el origen de muchas de las agresiones a personas y a sus bienes públicos y privados, y que genera inseguridad ciudadana. La prevención es imprescindible para articular las políticas de cohesión social y territorial con las específicas de seguridad y protección ciudadana.

Defendemos una concepción de la seguridad basada en la promoción de valores y actitudes cívicas: tolerancia, respeto, solidaridad y participación, entre otros. Para ello entendemos imprescindible la capacitación y el trabajo de educadores y formadores especializados en el fomento de hábitos de buen uso y cívicos de los espacios púbicos, lo que puede contribuir a una mejor convivencia y a fortalecer la percepción ciudadana de seguridad.

Hay que dotar de más y mejores medios a la policía vasca para así desarrollar medidas preventivas con más eficacia y establecer con claridad sus derechos y obligaciones en una sociedad democrática del siglo XXI.

Desde el PSE-EE entendemos que, además, en el futuro se habrán de primar los elementos de coordinación y colaboración entre la Ertzaintza y las policías locales, así como con el resto de policías del Estado y de la UE. Concretamente, ante el desafío que representan el terrorismo yihadista y otras formas de criminalidad global u organizada. No podemos desaprovechar un caudal tan ingente de recursos e información, que podría optimizar y llevar a estándares de extraordinaria calidad la prevención, atención y resolución de los problemas de seguridad ciudadana.

Las medidas que l@s Socialistas Vasc@s proponemos en el ámbito de la seguridad ciudadana son:

… Reforma integral que permita una óptima adaptación profesional y organizativa de la Ertzaintza a las demandas de seguridad ciudadanas frente a las nuevas formas de delito. Para ello, creemos urgente disponer de un nuevo Plan Estratégico de Ordenación y Modernización de la nuestra policía, modificando substancialmente el plan Horizonte 2016 del Gobierno del PNV
… Implantar un programa de formación permanente y de actualización de conocimientos técnicos y jurídicos de todas las personas que componen la Ertzaintza, para que desarrollen sus funciones con eficacia y seguridad jurídica.
… Fortalecer la coordinación y cooperación con los cuerpos de las policías locales vascas, así como con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la UE, con medidas para su mejora y optimización.
… Adaptación de la Policía Autonómica a las nuevas amenazas en materia de seguridad, como los delitos informáticos, terrorismo islámico, delitos monetarios o los protagonizados por bandas criminales organizadas.
… Potenciar las unidades de la Ertzaintza encargadas de la investigación y persecución de los delitos de corrupción, económicos y fiscales, dotándolas de personal y de recursos técnicos y materiales.
… Poner en marcha un programa de I+D, en colaboración con la UPV-EHU y otros organismos públicos, para la investigación y el desarrollo de nuevas técnicas y equipamientos profesionales que permitan una mejor investigación de los delitos y un mayor esclarecimiento de estos por la Ertzaintza.
… Desarrollo profesional, facilitando la formación y especialización continua de los y las agentes de la Ertzaintza, así como la promoción interna mediante cursos de ascenso.
… Implementación de la Carrera profesional de la policía.
… Reorientación de la estrategia de las unidades antiterroristas, favoreciendo la colaboración con otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para hacer frente al terrorismo internacional y a las formas más violentas del crimen organizado.
… Desarrollo de un sistema integral de seguridad, que comprenda desde la prevención de situaciones de riesgo hasta la actuación rápida y eficaz en situaciones de emergencia.
… Incremento de la capacidad de respuesta de las patrullas, impulso a la red de oficinas de atención ciudadana y cambios en la demarcación de las comisarías.
… Plan de mejora de atención a la ciudadanía a través de medios telemáticos.
… Incremento del número de mujeres en la Policía Vasca.
… Gestión coordinada de Emergencias, implementando una mejor colaboración y coordinación con todas las administraciones afectadas.
… Medidas para mejorar la fluidez del tráfico en carretera y reducción de las cifras de siniestralidad.
… Conformar la educación vial como una herramienta de prevención de accidentes, para lo que se requieren medidas específicas como, entre otras, integrar la formación en seguridad vial en los planes de formación obligatoria.

4. UN NUEVO MODELO PLURAL, OBJETIVO Y SOSTENIBLE PARA EITB.-

La deriva de EITB en esta legislatura ha sido la historia de un fracaso. La falta de voluntad del Gobierno de Urkullu para liderar reformas estructurales que garanticen el servicio público de radiotelevisión ha dejado al Ente al borde del abismo, cuestionado desde los sectores más diversos de la sociedad vasca. Ése es el balance de la gestión del PNV, con la imprescindible colaboración de EHBildu.

El PSE-EE, tras sufrir durante su mandato la oposición feroz de quienes siempre han considerado que EITB debía ser un instrumento más en la construcción de su proyecto nacionalista, arrancó esta legislatura mostrando su compromiso de no ser un obstáculo político en el funcionamiento de este servicio público. Por ello facilitó la elección de quien el Gobierno propuso para dirigir el ente. Un voto de confianza que, como se explicitó en ese momento, tenía como objetivo reforzar la neutralidad informativa; garantizar la pluralidad y libertad de expresión, coartadas durante décadas de terrorismo; defender los principios de convivencia; apostar por el trabajo de los profesionales, y abordar el redimensionamiento de sus estructuras para adecuar el servicio público de radiotelevisión que necesita la sociedad vasca a la nueva situación.

Así lo explicamos en el Parlamento en marzo de 2013. Sin embargo, ese voto de confianza se empezó a quebrar a los tres meses, cuando la Dirección General aprobó un plan estratégico para su mandato que sólo abordaba propuestas de corto plazo y que, por añadidura, en su análisis partía de un gran olvido: el papel de EITB como uno de los instrumentos para contribuir a la construcción de la convivencia desde una memoria comprometida de los 40 años de terror. Los socialistas forzamos la corrección de esta gran laguna pero, a partir de entonces, el resto de la tarea de control y de impulso que nos correspondía fue desatendida de forma sistemática por quienes están al frente del Ente y por un Gobierno que asumió esas decisiones erróneas.

Por eso, un año después el PSE-EE consideró que la confianza otorgada se había quebrado, y el análisis hecho entonces, interpretado en clave victimista por la Dirección, el Gobierno y el PNV, se vio confirmado con el tiempo: una deriva editorial claramente marcada por el relato nacionalista (que es el objetivo máximo que une a PNV y EHBildu), sucesión de errores en el tratamiento de las víctimas del terrorismo, proliferación de subcontrataciones con las mismas empresas, caída de audiencias y la mayor crisis laboral, con el primer ERE en una empresa pública, que ha provocado huelgas inéditas. Todos estos factores culminaron en la solicitud de cese de la directora general, pedida por dos tercios de la Cámara, todos los grupos, con la única excepción del PNV, que ha bloqueado esa voluntad mayoritaria.

Pero lo cierto es que hoy EITB es más cara que hace cuatro años y hay menos vascos que le prestan atención. Y la única justificación de sus rectores es la irrupción de nuevos operadores, cuya aparición no fue planificada estratégicamente, sin que se explique por qué otras cadenas sí suscitan más interés a los vascos y vascas. Hoy EITB tiene más plantilla con mayores niveles de precariedad, a pesar de los despidos derivados del ERE. Hoy hay menos productoras audiovisuales que contratan con EITB, a pesar de que en el pasado mandato se habían ampliado las posibilidades de colaboración con empresas de la industria audiovisual vasca. Hoy hay menos vascos y vascas que eligen los canales en euskera, a pesar de que no tienen competencia y de que la población euskaldun triplica a la que había cuando nació el ente.

Con todos estos datos, el PSE-EE realizó durante varios meses una reflexión que culminó en la única propuesta concreta que ha ofrecido un partido político en Euskadi desde marzo de 2015. Una propuesta recibida con frialdad por el resto de formaciones, aunque todas han convenido en la necesidad de realizar una reforma integral que garantice que este servicio público siga siendo percibido como necesario por los ciudadanos y ciudadanas que lo sufragan con sus impuestos.

Los socialistas apostamos por una EITB moderna, adaptada a las nuevas necesidades y a las nuevas demandas de los ciudadanos, que recupere su carácter de servicio público. Una EITB objetiva, competitiva, eficiente, que tenga como uno de sus objetivos básicos atender a la realidad sociolingüística, que respete el principio de igualdad, el pluralismo político, religioso y cultural. Una EITB que se aleje de las coyunturas políticas y se centre en la calidad y la oferta diferenciada, que apueste por las capacidades de sus profesionales y que sea motor de la industria audiovisual vasca. Con una estructura empresarial más ágil y una dirección profesional, que no pierda el sentido de lo público y la necesidad de la rendición de cuentas permanentes ante la sociedad.

Para ello proponemos una reforma de la Ley de EITB, que consiga:

• Dar soporte al carácter de servicio público que le corresponde a EITB, incorporando previsiones relativas a la calidad, sostenibilidad y eficiencia, así como sus formas de evaluación y control.
• Garantizar su independencia política, modificando el procedimiento de elección de director/a, así como las competencias y características del Consejo de Administración.
• Arbitrar los procedimientos que garanticen la transparencia ante sus órganos de gobierno y la sociedad.
• Adecuar la oferta de EITB a la nueva realidad sociolingüística.
• Incorporar las modificaciones relacionadas con los cambios de carácter empresarial, estructural y organizativo necesarios para la aplicación del nuevo Modelo.
• Incluir las nuevas medidas que siguen:
  • Establecimiento de una Dirección profesionalizada mediante la creación de un Consejo de Gobierno operativo y ejecutivo, complementario con las funciones del Director General. El Consejo estará constituido por un número reducido de personas y sus miembros deberán acreditar su experiencia en el sector ante el órgano parlamentario que se determine, puesto que será el Parlamento el que lo nombrará, siempre con mayoría cualificada y por un periodo superior a una legislatura a fin de evitar la intromisión de mayorías coyunturales.
  • Este Consejo elegirá de entre sus miembros al Director/a General o Presidente/a, según se determine la estructura empresarial, también por mayoría cualificada, con mecanismos que regulen las situaciones de interinidad y que garanticen su profesionalidad e independencia.
  • Los miembros del Consejo de Gobierno, incluido su Director/a General o Presidente/a, al igual que son nombrados por el Parlamento, podrán ser revocados en sus puestos por mayorías cualificadas.
  • Creación de un Consejo Asesor, que asumiría unas funciones similares a las del actual consejo de administración. Sería el órgano de participación de partidos políticos, sindicatos y otras asociaciones de interés, con funciones consultivas.
  • La composición del Consejo Asesor tenderá a la reducción de la presencia de grupos políticos para favorecer la presencia de otros agentes de la sociedad civil.
  • El Contrato-Programa, ratificado por mayoría cualificada del Parlamento, garantizará un sistema de financiación transparente, sostenible y eficiente; mixto, pero con hegemonía pública, así como el establecimiento de compromisos y de sistemas de evaluación y cumplimiento periódicos.
  • Un compromiso explícito de fomento y apoyo de la industria audiovisual vasca para favorecer tanto la rentabilidad del ente como el fortalecimiento del sector audiovisual.

Desde la consideración de que los servicios públicos se garantizan en el tiempo sobre amplios consensos y apoyo social, el PSE-EE defiende desarrollar esta propuesta con la aportación ciudadana, a partir de la metodología planteada por la UPV/EHU a petición del Parlamento, similar a la que el Gobierno de Patxi López ya puso en marcha con la Ley de Vivienda.

Por ello, l@s Socialistas nos comprometemos a:

• Proponer para la Dirección General de EITB a un/a profesional reconocido en el ámbito de la comunicación, con acreditación profesional, que se someterá al escrutinio previo de la Comisión de Control de EITB (como ya se ha hecho, sin necesidad de cambiar la ley, con la figura del Ararteko en esta legislatura). Tendrá el mandato de regir de manera provisional el ente hasta que se apruebe una nueva ley que regule su funcionamiento y contará con un contrato programa específico para dicho mandato que será valorado previamente por el Parlamento vasco.
• Articular los procedimientos de encuesta sociológica y participación ciudadana con los que cuenta el Gobierno en relación al servicio público de radiotelevisión vasca.
• Poner en marcha una mesa de expertos en comunicación y miembros de la industria audiovisual vasca para que intercambien reflexiones y planteen conclusiones sobre el alcance de la reforma.
• Incorporar los trabajos a la redacción de un Proyecto de Ley de EITB, que se remitirá al Parlamento en un plazo inferior a 18 meses desde el inicio de la legislatura.