PSE-EE PSOE Euskal Sozialistak

El consejero socialista de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha presentado ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco el proyecto de presupuestos de su Departamento para 2027, dotado con 504,1 millones de euros. El proyecto moviliza 504,1 millones de euros de recursos propios, frente a los 422,1 millones de 2026, un incremento del 19,4% pese a la finalización de la aportación de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). "Euskadi no se retira cuando desaparecen los fondos europeos. Euskadi redobla su compromiso con recursos propios", ha afirmado.

Itxaso ha situado el acceso a la vivienda como una crisis que afecta tanto a las personas más vulnerables como a jóvenes con empleo, familias trabajadoras y clases medias. "Un presupuesto no es solo una tabla de cifras. Es una declaración de prioridades", ha señalado. En ese contexto, ha defendido una respuesta sostenida en el tiempo: "La crisis de vivienda no admite políticas intermitentes".

El proyecto reúne financiación para ampliar el alquiler protegido y asequible, movilizar vivienda vacía, reforzar las prestaciones y rehabilitar el parque existente. A ese esfuerzo se suman tres modificaciones de la Ley vasca de Vivienda para ampliar la capacidad de intervención pública sobre el suelo y la vivienda protegida.

El alquiler concentra el 83,8% del Programa de Vivienda

El Programa de Vivienda impulsado por el departamento socialista contará con 493,1 millones de euros. En una comparación homogénea que incorpora la regeneración urbana a la base de 2026, el incremento es de 60,8 millones, un 14,06%. De esa dotación, 413,1 millones se destinan a financiar el Programa de Alquiler, que concentra el 83,8% del total.

"El alquiler asequible debe ser una pieza estructural de cualquier política seria de vivienda", ha defendido el consejero. Las previsiones para 2027 contemplan el arranque de las obras de 1.840 viviendas de protección pública y apartamentos dotacionales: 279 promovidos directamente por el Departamento y 1.561 por Visesa. Estos arranques corresponden a la licitación efectiva de las obras, una fase más avanzada que la calificación provisional o el inicio administrativo de las promociones. La cartera de promoción directa reúne 3.655 viviendas y apartamentos, incluyendo los 1.840 cuyos trabajos se prevé iniciar en 2027 y los 1.815 de anteriores ejercicios. A ellos se suman 952 viviendas del programa de fomento del alquiler asequible, dotado con 40,3 millones de euros, de las que 610 se entregarán en 2027. En conjunto, ambas líneas reúnen 4.607 viviendas y apartamentos en distintas fases de desarrollo. Cifra que alcanza las 5.174 viviendas y apartamentos, si se tienen en cuenta las 510 viviendas de Benta Berri 100 millones) y las 57 adquiridas a Kutxabank (5,7 millones).

Por territorios, en Álava se iniciarán 683 nuevas viviendas: 29 VPO en Llodio, 58 VPO en Agurain, 23 VPO en Oyón y los barrios vitorianos de Salburua (167 VPO + 130 viviendas sociales) y Zabalgana (276 VPO), a las que se suman otras 465 que están actualmente en obras en Vitoria-Gasteiz, Llodio y Elciego. Esto supone un total de 1.148 viviendas de promoción directa. Además, durante 2027 se entregarán 522 viviendas del programa de alquiler asequible y otras 173 entrarán en ejecución, todas ellas en Vitoria-Gasteiz, lo que elevará a 1.843 el número total de viviendas en marcha en Álava.

En Bizkaia, por su parte, está previsto iniciar 187 viviendas: 75 VPO en Muskiz, 40 VPO en Abanto-Zierbena y 72 VPO en Zorrotzaurre, mientras que otras 847 se encuentran ya en construcción en Bilbao, Ortuella y otros ámbitos. En conjunto, serán 1.034 viviendas de promoción directa, a las que se añadirán 257 del programa de alquiler asequible en Bilbao, Derio y Barakaldo, alcanzando así 1.291 viviendas en marcha en el territorio.

Por último, Gipuzkoa concentrará 970 nuevos inicios de obra: 472 VPO en Irun, 44 VPO en Zumarraga, 190 VPO en Ordizia, 80 VPO en Andoain, 71 VPO en Azkoitia, 16 VPO en Azpeitia, 30 VPO en Soraluze, 27 VPO en Errenteria y 40 apartamentos dotacionales en Eibar, que se sumarán a las 503 viviendas que ya están en construcción en Tolosa, Donostia, Zumarraga, Lezo, Ordizia y Beizama, hasta alcanzar un total de 1.473 viviendas. Cabe destacar que los inicios de obra hacen referencia a licitaciones de proyectos de obra.

Suelo para 10.000 viviendas y protección del parque existente

La primera reforma legal planteada habilitará la asignación directa de suelos al Fondo Social de Vivienda. Vinculada a la reserva estratégica de suelo, esta herramienta permitirá impulsar, mediante colaboración público-privada y bajo planificación pública, 10.000 nuevas viviendas de alquiler asequible dirigidas fundamentalmente a las clases trabajadoras y medias. "Hablamos de viviendas protegidas a perpetuidad, siempre destinadas al alquiler asequible y sometidas a reglas públicas", ha precisado Itxaso. El consejero ha defendido la necesidad de anticipar la disponibilidad de terrenos: "Sin suelo no hay alquiler asequible a gran escala".

La segunda modificación propone prorrogar la calificación temporal de las viviendas protegidas anteriores a 2003 que estén situadas en zonas tensionadas y puedan perder su protección a partir de 2027. Su finalidad es evitar que este parque pase al mercado libre precisamente donde la presión sobre los precios es mayor. "La política de vivienda no consiste solo en sumar. También consiste en no perder", ha subrayado. "No tendría sentido pedir a la ciudadanía un esfuerzo presupuestario creciente para construir nuevas viviendas protegidas mientras dejamos escapar parte del parque que ya existe".

Una inmobiliaria pública para ordenar la compraventa de VPO

La tercera herramienta es una inmobiliaria pública de vivienda protegida para ordenar su mercado secundario. La propuesta permitirá determinar quién debe adquirir las viviendas que se transmiten entre particulares a partir de las personas inscritas en Etxebide como demandantes de compra, con criterios como las necesidades de la unidad convivencial, la antigüedad en el registro y la renta.

Cada año se venden en Euskadi alrededor de mil viviendas protegidas privadas. La medida pretende garantizar adjudicaciones transparentes y combatir sobreprecios encubiertos, entre ellos los exigidos mediante compras obligatorias de muebles. "La vivienda protegida no puede convertirse en un espacio de abuso privado construido sobre una ventaja pública", ha advertido Itxaso.

Más allá de estas tres modificaciones legales que acompañan a los presupuestos, en el ámbito legislativo, el consejero ha avanzado que el Gobierno Vasco impulsará en 2027 una enmienda a la proposición de ley de simplificación y agilización para la actividad económica sostenible, actualmente en tramitación parlamentaria, para que los Proyectos de Interés Público Superior puedan incorporar también actuaciones residenciales destinadas a vivienda de protección pública.

Esta nueva herramienta permitiría al Consejo de Gobierno aprobar, previa justificación de su interés general y de su contribución a satisfacer la demanda de vivienda protegida, actuaciones estratégicas que faciliten su integración en el planeamiento territorial y urbanístico, siempre respetando las garantías y reservas legales. Itxaso ha subrayado que esta iniciativa se desarrollará en coordinación con los ayuntamientos y en conexión con el futuro Plan Territorial Sectorial de Vivienda, que permitirá identificar las necesidades residenciales de cada municipio, establecer prioridades y orientar las inversiones públicas. "No basta con disponer de suelo residencial planificado si permanece años sin desarrollarse. Necesitamos una visión de conjunto de Euskadi, anticiparnos a las necesidades y disponer de instrumentos capaces de transformar la planificación en viviendas realmente construidas", ha señalado.

Más vivienda movilizada y capacidad de gestión pública

Visesa contará con un presupuesto de 166,3 millones de euros y Alokabide dispondrá de 187,1 millones. Las cuentas incluyen 35,15 millones para los contratos programa de Visesa de 2022 a 2027 y 80,42 millones para que Alokabide adquiera promociones de alquiler, entre ellas las 711 viviendas que le entregará Visesa en 2027. "No basta con tener presupuesto; hay que tener capacidad ejecutiva", ha señalado el consejero.

Bizigune dispondrá de 55,4 millones de euros, un 10% más, con el objetivo de alcanzar las 8.500 viviendas. Las nuevas captaciones, las cesiones del Departamento y las adquisiciones a Visesa permitirán avanzar hacia un parque total de 19.000 viviendas gestionadas por Alokabide. Asimismo, Alokaplus contará con 2 millones para compensaciones por impagos de alquiler. Se mantienen 500.000 euros de apoyo a los ayuntamientos para aplicar el canon de vivienda vacía y se destinan otros 2 millones a la elaboración de planes municipales de vivienda y a la agilización de planes urbanísticos.

83 millones para prestaciones y 30 millones para Gaztelagun

El presupuesto de la consejería socialista consigna 83 millones de euros para las prestaciones económicas vinculadas al Derecho Subjetivo a la Vivienda, 18 millones más que en 2026. La dotación tendrá carácter ampliable para atender a todas las personas con el derecho reconocido. La previsión es cerrar 2027 con 34.000 familias titulares de este derecho. "La vivienda no puede ser un derecho retórico", ha afirmado Itxaso, que ha defendido que su reconocimiento debe acompañarse de parque público, prestaciones y capacidad de gestión. "Debe ser una garantía progresiva, exigible y dotada presupuestariamente".

Gaztelagun aumenta su dotación hasta los 30 millones de euros, también ampliables. Con la ampliación prevista de los umbrales de acceso, el Departamento espera alcanzar las 11.000 personas beneficiarias, incluyendo ayudas a alquileres de mayor renta en zonas tensionadas. Se mantiene, además, el compromiso de reservar el 50% de las viviendas de alquiler asequible para menores de 36 años. "La crisis de vivienda está rompiendo el calendario vital de una generación", ha advertido el consejero. En su intervención ha vinculado las políticas de alquiler y las ayudas a la emancipación con la estabilidad residencial, la formación de nuevos hogares y la igualdad de oportunidades.

Rehabilitación y regeneración como políticas de igualdad urbana

La Dirección de Rehabilitación y Regeneración de Barrios contará con 81,49 millones de euros. Las nuevas ayudas para mejorar la habitabilidad, la accesibilidad y la eficiencia energética suman 56,8 millones, incluyendo financiación para 2027 y compromisos para ejercicios posteriores. El programa de regeneración de barrios dispondrá de 23,9 millones. "La rehabilitación no es una política menor: es una política de igualdad urbana", ha defendido Itxaso, que ha relacionado la falta de accesibilidad, el aislamiento deficiente y la degradación de los barrios con situaciones de vulnerabilidad social. La actuación sobre la ciudad construida complementa así la promoción de nuevas viviendas. El consejero ha cerrado su intervención reivindicando una respuesta que combine presupuesto, suelo, reformas y gestión pública: "No venimos a decir que la crisis de vivienda esté resuelta. Venimos a decir que Euskadi está construyendo una respuesta más fuerte, más estructural y más completa". "Sin vivienda asequible no hay emancipación real. Sin vivienda estable no hay proyecto vital. Sin vivienda digna no hay igualdad de oportunidades", ha concluido.