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Programa electoral PSE-EE: Objetivo 11

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Ciudades y comunidades sostenibles

11.   Ciudades y comunidades sostenibles

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Gracias a los socialistas Euskadi tiene una de las legislaciones más progresistas en materia de vivienda de Europa. El hito más importante tuvo lugar cuando, a iniciativa del PSE-EE, se aprobó la Ley de Vivienda. La Ley 3/2015 de 18 de diciembre introdujo una nueva visión al subrayar la función social de la vivienda.

L@s Socialistas Vasc@s defendemos el derecho subjetivo a la vivienda que convierte a la vivienda en un derecho real exigible ante los tribunales, apostando por la disposición de una vivienda digna y adecuada para cada persona que no pueda costeársela por sus medios, derecho a materializar a través del alquiler público o a través de una justa y suficiente prestación económica destinada al pago del alquiler. Apoyamos la función social de la vivienda frente a los poderes inmobiliarios y financieros que hacen de ella un bien económico susceptible de especulación.

Si ya en 2015 y desde la oposición conseguimos que el Parlamento Vasco aprobara la Ley 3/2015 de Vivienda, en esta última legislatura, desde el Gobierno, hemos sentado las bases de su desarrollo legislativo.

Hemos incrementado de una manera muy destacada el ritmo de promoción de vivienda pública protegida, especialmente la destinada al alquiler, logrando aumentar de esta forma el parque de vivienda de alquiler protegido gestionado desde la Administración.

Una comunidad pequeña como la nuestra ha pasado a ser, en estos años de gestión socialista, la segunda comunidad autónoma que más vivienda protegida produce, y la primera que más vivienda protegida en alquiler edifica.

Desde 2020, el 100% de la producción con origen en la iniciativa pública se destinará ya exclusivamente al alquiler. Una apuesta fuerte y exclusiva, al día de hoy, en políticas comparadas de vivienda.

Estamos convencidos de que para conseguir una sociedad más igualitaria y más justa, debemos contar con un parque público de vivienda en alquiler realmente significativo, que dé respuesta a las personas que tienen dificultades para acceder al mercado libre de la vivienda. Y ese parque público de alquiler asequible hay que seguir incrementándolo con la construcción de nuevas viviendas, con la captación de viviendas deshabitadas hacia la oferta pública a través de los programas públicos de movilización de viviendas vacantes Bizigune y Asap (incluyendo y vinculando ayudas a su rehabilitación previa), y con programas de compra de viviendas y edificios, con o sin rehabilitación vinculada.

Esta actuación, dada la situación de partida, requiere la ejecución de políticas de vivienda sostenidas, consistentes y dotadas de recursos, y para dar resultados efectivos, exige su mantenimiento en el largo plazo. No hay soluciones mágicas en vivienda.

El estallido sucesivo y simultáneo de las burbujas financiera e inmobiliaria y la posterior gran recesión de 2007, han provocado un fuerte incremento de la población en riesgo de pobreza. La mejora económica evidente producida en los últimos años, no termina de llegar todavía a los colectivos sociales más golpeados por la gran recesión, y ese avance de la desigualdad ha de ser combatido con determinación desde la propia política de vivienda.

Y ha de ser así porque la vivienda es uno de los campos en que es más visible este fenómeno de exclusión y vulnerabilidad y se ha convertido, hoy en día, en un factor de exclusión más determinante, incluso, que el paro. Porque la pérdida de la vivienda dispara la exclusión social.

La igualdad debe pasar a situarse así en la primera línea de la política de vivienda, porque esta realidad actual es una derivada de la desigualdad socioeconómica imperante, y se aleja radicalmente del modelo de sociedad igualitaria, democrática y solidaria a la que queremos aspirar.

Al día de hoy también, la tasa de emancipación de las personas de menos de 30 años en Euskadi se encuentra algo por debajo del 15%. La media de edad de emancipación está en los 30 años y se destinan dos tercios del salario al alquiler de la vivienda. Este dato sobre la emancipación juvenil es aterrador. En España ese ratio es de algo menos del 20%, y es el más bajo en 20 años.

Favorecer la emancipación de las personas jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, mediante la concesión de ayudas directas para el abono de parte de la renta de alquiler de la vivienda habitual, junto a la utilización, simultánea y contundente, del cupo máximo del 40% para personas jóvenes en el nuevo sistema de adjudicación de viviendas públicas, incorporado por l@s Socialistas en la pasada legislatura, es un eje estratégico básico, evidentemente en conjunción con otras medidas que ataquen la precariedad y la insuficiencia de sus salarios, para permitir el desarrollo de los proyectos de vida de la juventud vasca.

Una sociedad sin personas jóvenes emancipadas y desarrollando sus proyectos vitales y productivos, está condenada a su extinción.

En 2019 l@s Socialistas pusimos en marcha el programa Gaztelagun para hacer frente a esta situación. El programa concluye en 2021 y proponemos su mantenimiento futuro en el tiempo mientras las circunstancias lo demanden.

Finalmente, hay otro gran reto de futuro para la política de vivienda que requiere un nuevo abordaje. Somos una sociedad que envejece a pasos agigantados, y que sigue manteniendo, a pesar de las mejoras recientes, serios problemas de accesibilidad en el 30% de sus viviendas y edificios.

Las personas mayores han de poder contar con viviendas y edificios accesibles que les permita desarrollar una vida autónoma plena hasta que puedan y quieran. En ese sentido, las medas de fomento de la accesibilidad, ya puestas en marcha por l@s Socialistas en la anterior legislatura, deben ser reforzadas e incrementadas, añadiendo también un refuerzo adicional de las políticas destinadas a favorecer el acceso a la vivienda o a su adaptación, a las personas con discapacidad o personas con movilidad reducida.

Las democracias occidentales que han conseguido un alto grado de bienestar social llevan bastante más de un siglo construyendo viviendas para alquiler con recursos públicos y en este sentido son un espejo en el que debemos mirarnos. Pero requiere tiempo, esfuerzo y continuidad.


A tal fin, l@s Socialistas proponemos las siguientes medidas:

  • Nuevo Pacto Social por la vivienda a 15 años. Alcanzar una oferta pública en alquiler asequible que se sitúe al final del periodo en el 5% de las viviendas principales desde el 2,5% actual. Garantizar, asimismo, que el parque de viviendas sujetas a protección pública de manera permanente, en compra, alquiler o figuras intermedias, alcance el 10% de las viviendas principales existentes a esa fecha en Euskadi.
  • Aprobación de un nuevo documento estratégico para la política de vivienda: Plan Director de Vivienda 2021-2023.
  • Reforzar el sistema de ayudas al pago de la vivienda y ampliar el parque de alquiler social. Incrementaremos la producción de vivienda pública protegida en alquiler y estableceremos condiciones y medidas que favorezcan la construcción de promociones privadas destinadas al alquiler protegido.
  • Desarrollar estrategias de movilización de viviendas deshabitadas para su puesta en el mercado. En esta línea, aplicaremos el reglamento que regula la vivienda deshabitada y en el que se establecen medidas para el cumplimiento de su función social mediante su efectiva ocupación.
  • Potenciar las políticas de mediación y movilización de las viviendas deshabitadas gestionables (algo más de 36.000), mediante sistemas de intermediación pública directa (programa Bizigune) o con sistemas públicos de incentivos (programa Asap). Ambos programas verán incrementados exponencialmente sus objetivos de captación de viviendas.
  • Articular medidas fiscales para reducir el parque vacante e incentivar su puesta en oferta en alquiler, preferentemente a precios asequibles. Incentivar mediante bonificaciones fiscales su alquiler a precios por debajo de la media del mercado para frenar la escalada actual de precios. Nueva fiscalidad para la vivienda y mantenimiento de la estadística del mercado o de alquiler (EMA) para contar con índices de precios de referencia en el mercado de alquiler.
  • Programas públicos de compra de vivienda (con o sin rehabilitación asociada), utilizando además más intensamente el instrumento del tanteo y retracto público sobre segundas y posteriores trasmisiones de viviendas.
  • Puesta en marcha de alternativas innovadoras para el acceso a la vivienda mediante el desarrollo del cohousing, cooperativas en cesión de uso y figuras intermedias entre compra y alquiler.
  • Congelar el precio de los alquileres mediante políticas de control de rentas si el resto de medidas estructurales previas no da resultados suficientes.
  • Discriminación positiva para favorecer el acceso a la vivienda a colectivos específicos como mujeres, personas jóvenes y mayores y personas discapacitadas.
  • Revisar y ampliar las oportunidades de acceso a la vivienda de las personas con necesidad de vivienda inscritas en Etxebide, favoreciendo y garantizando la diversidad y la cohesión social, y siendo consecuentes con la demanda social registrada.
  • Con el fin de proteger a los colectivos sociales vulnerables, medidas eficaces para la especial protección y atención de sus necesidades residenciales, estableciendo protocolos de intervención pública que permitan buscar alternativas habitacionales a estos hogares y personas afectadas, con carácter previo a que puedan perder su vivienda. En esta línea, aplicaremos el nuevo convenio con el Consejo General del Poder Judicial, Eudel y diversos departamentos del Gobierno Vasco para buscar alternativas habitacionales a estos colectivos vulnerables afectados por procesos de lanzamiento judicial.
  • Integración operativa y coordinación efectiva de los servicios de información, asesoramiento y mediación hipotecaria.
  • Apoyar con recursos económicos e inmobiliarios a las entidades del Tercer Sector que trabajan contra la exclusión social residencial.
  • Incrementar las ayudas a comunidades y particulares para la rehabilitación de edificios, especialmente en materia de accesibilidad y eficiencia energética. Presentaremos un Plan de Rehabilitación Sostenible de Viviendas y Edificios y de Regeneración Urbana.
  • Impulsar una estrategia para combatir la pobreza energética, consolidando el derecho a la energía con la creación de un gestor energético para el parque público de viviendas.
  • Regeneración de espacios urbanos degradados.