PSE-EE PSOE Euskal Sozialistak

“El confinamiento ha evidenciado que disponer de una vivienda digna y adecuada es una necesidad esencial. Por eso, desde el Departamento de Vivienda no podíamos dejar sin atender este flanco social, ayudando a las familias más perjudicadas económicamente por esta crisis para que puedan hacer frente al pago del alquiler de la casa que habitan”. Con estas palabras ha presentado el consejero de Vivienda, Medio Ambiente y Planificiación Territorial del Gobierno Vasco, Iñaki Arriola, el programa de ayudas directas que va a poner en marcha el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda para el pago del alquiler en el mercado libre, destinadas a personas inquilinas que hayan sufrido pérdidas económicas importantes como consecuencia de la crisis sanitaria.

Konfinamenduak agerian utzi du #etxebizitza duin eta egokia izatea funtsezko beharra dela. Gobernuak ezin zuen alde soziala baztertu eta familiek bizi diren etxearen alokairua ordaintzen lagundu diegu. Baldintzak 🔗 https://t.co/v4jyNOnmaA pic.twitter.com/Px8263TVbp

— Iñaki Arriola (@iarriolal) April 29, 2020

 Este plan complementa el adoptado el pasado marzo para la exoneración del pago de rentas, durante al menos los meses de abril, mayo y junio, a residentes en VPO de alquiler en situación de vulnerabilidad.

La cuantía de la ayuda ahora aprobada asciende a 250 euros mensuales y se aplicará durante seis meses, de abril a septiembre, si persiste la situación de vulnerabilidad. El importe total podrá alcanzar los 1.500 euros, que se abonarán en dos pagos trimestrales. El Departamento destinará 15,5 millones de euros a estas ayudas.

En Euskadi, no partimos de cero en políticas de vivienda, ni tampoco a la hora de apoyar a las personas vulnerables que viven de alquiler. Gracias a la iniciativa del Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSE-EE), Euskadi ha sido la primera comunidad en reconocer por la Ley de 2015 el derecho subjetivo a la vivienda, que puede ser satisfecho bien mediante una vivienda pública en alquiler o, cuando no se dispone de ella, con una cantidad económica mensual para ayudar a pagar un arrendamiento privado.

A finales del pasado año, el parque de alquiler protegido estaba compuesto por 23.594 viviendas, que suponen el 20% del parque total en alquiler existente en Euskadi. Además, alrededor de 26.000 familias recibieron mensualmente año ayudas directas para el pago del alquiler en el mercado libre. El importe de estas ayudas ascendió a 78 millones de euros.

Si se suman las personas que han accedido a una vivienda pública en alquiler y las que han recibido una prestación para el pago de la renta en el mercado libre, resulta que el 42% del parque total de alquiler en Euskadi cuenta con algún tipo de intervención pública para satisfacer el derecho a la vivienda. Tampoco hay que olvidar que las deducciones en el IRPF por el alquiler de la vivienda habitual sumaron en 2017 sumaron casi 80 millones (78,8) de euros.

Estas ayudas transitorias con motivo de la crisis del Covid-19 tienen que ser coherentes con el marco general de nuestras políticas de vivienda. Unas políticas cuya intensidad no tiene parangón con las de cualquier otra comunidad autónoma. Este plan de ayudas extiende de forma transitoria el reconocimiento del derecho subjetivo de vivienda, en forma de prestación económica, a aquellas personas y unidades familiares a las que esta crisis ha puesto en situación de vulnerabilidad económica y social.

Pueden ser beneficiarias de esta ayuda económica todas aquellas personas que se queden en el paro o hayan sufrido un ERTE como consecuencia de la crisis provocada por la emergencia sanitaria, así como todas aquellas que, siendo trabajadoras autónomas o empresarias, sufran una caída sustancial de sus ingresos o sus ventas igual o superior al 40%.

 Los requisitos básicos para acceder a la ayuda son:

-Contar con un contrato de alquiler suscrito antes de la declaración del estado de alarma y no poseer otra vivienda.

-Que los ingresos anuales ponderados de la unidad familiar no superen los 39.000 euros en el último ejercicio fiscal, que es la cantidad máxima para acceder a una VPO, y no se disponga de un patrimonio superior a 50.000 euros.

-Que el importe de la renta, más los gastos de comunidad y los suministros básicos, supere el 30% de los ingresos disponibles en ese momento.

-Que el importe del alquiler mensual no exceda de 1,5 veces (1,75 en el caso de familias numerosas) la renta media atribuible al ámbito territorial en que se localice la vivienda, según los datos de la EMA, la Estadística del Mercado del Alquiler. 

La cuantía de la ayuda, en línea con la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) y la Prestación Económica de vivienda (PEV) vigentes en Euskadi, asciende a 250 euros mensuales y se aplicará durante 6 meses, de abril a septiembre si persiste la situación de vulnerabilidad. El importe total podrá alcanzar los 1.500 euros, que se abonarán en dos pagos trimestrales.

El presupuesto dispuesto por el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda para sufragar la ayuda asciende a 15,5 millones de euros. 

El plazo de presentación de solicitudes comenzará al día siguiente de la publicación de la Orden en el Boletín Oficial del País Vasco y se prolongará hasta el 30 de septiembre. La tramitación se realizará preferentemente de forma telemática a través de la web www.euskadi.eus y de los canales que la sociedad pública Alokabide S.A. mantiene en www.alokabide.euskadi.eus. 

La solicitud, disponible a través de los canales telemáticos, irá acompañada de una declaración responsable de cumplimiento de los requisitos y de documentación acreditativa de los ingresos.

 Por otro lado, la Orden aprobada hoy extiende las ayudas de este programa a las personas que sean víctimas de violencia de género, sean objeto de desahucio de su vivienda habitual, no tengan hogar, o sean especialmente vulnerables. En estos casos, dado su carácter más estructural, la cuantía total de la ayuda ascenderá a doce mensualidades, por lo que alcanzará los 3.000 euros.