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El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a aprobar en seis meses un plan de reactivación económica para el Bajo Deba con una inversión de al menos 26 millones de euros
• Ratifica el informe de la Ponencia impulsada por el Grupo Socialistas Vascos para promover el desarrollo socioeconómico de la comarca
• Al pleno han asistido el alcalde de Ermua, Txitxo Abascal, y la teniente de alcalde de Eibar, Ana Tellería.
El Gobierno Vasco deberá elaborar y aprobar en el plazo de seis meses un plan estratégico para la reactivación socioeconómica de la comarca del Bajo Deba que estará dotado con un mínimo de 26 millones de euros e incluirá proyectos e inversiones a realizar en un máximo de cuatro años. Así lo prevé el informe elaborado por la Ponencia para la Reactivación del Bajo Deba aprobado hoy por el Parlamento Vasco en un pleno al que han asistido el alcalde de Ermua, Txitxo Abascal, y la teniente de alcalde de Eibar, Ana Tellería.
Impulsada por el Grupo Socialistas Vascos a través de una proposición conjunta con EAJ-PNV, la Ponencia nació del deseo de “hacer una profunda reflexión” en torno a las necesidades de la zona para evitar la pérdida de tejido industrial tras la crisis Covid-19 y promover su regeneración económica. “Ahora, tras dos años de trabajo intenso, hemos aprobado el dictamen que va a ser el punto de partida para poner en pista las actuaciones necesarias para el desarrollo sostenible e innovador, tanto social como económico de nuestra comarca, que es lo que queremos”, se ha felicitado la parlamentaria Miren Gallástegui, representante socialista en el citado foro.
El dictamen prevé en primer lugar la incorporación de la comarca a las Zonas de Actuación Prioritaria (ZAP), estrategia que promueve la reactivación económica y del empleo a través de la puesta en marcha de proyectos tractores. Además, en un plazo de seis meses, el Gobierno Vasco deberá tener listo un plan que, con una inversión que deberá ser superior a 26 millones de euros, incluya actuaciones “de impulso económico y transformación social” que deberán tener como elementos transversales “la inclusión, la igualdad de oportunidades, la perspectiva de género y la sostenibilidad” y apostar por “la industria 4.0 y la diversificación e internacionalización de los sectores existentes”.
En sus conclusiones, la Ponencia apunta a varios apartados a los que deberá responder el plan estratégico. Reclama medidas para la regeneración urbana en barrios degradados para que sean más accesibles y eficientes energéticamente con “el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes”, así como hacer frente al envejecimiento de la población y la insuficiencia de relevo generacional en sectores profesionales tradicionales de la comarca. Pide también programas de empleabilidad y formación para la formación inmigrante y acciones de cohesión social.
En materia económica, considera “imprescindible” fomentar la colaboración con las empresas de la comarca que aportan valor añadido, impulsar procesos de innovación de las pymes y adoptar planes para la reutilización de los polígonos industriales obsoletos y los complejos empresariales abandonados. Apuesta además por impulsar el comercio local y, en el ámbito del turismo, poner en valor recursos como la ruta de los dólmenes, el Museo de la Máquina Herramienta o el de la Industria Armera. “Es necesario fomentar el turismo industrial y cultural”, insiste. Finalmente, el informe reclama mejoras en el transporte público.
La creación de la Ponencia, en noviembre de 2021, respondió a la convicción de que los indicadores económicos de la comarca la hacían merecedora de actuaciones específicas de reactivación. “Durante los últimos tiempos, las dificultades derivadas del contexto económico y, sobre todo, de las circunstancias socio-sanitarias han puesto en riesgo el tejido industrial de la zona y el desarrollo de nuevos proyectos empresariales, así como la generación de nuevos puestos de trabajo”, justificaron entonces.
Todo ello, sumado a las particulares condiciones orográficas de la comarca, hacía aconsejable abordar una reflexión en profundidad sobre sus necesidades y hacerlo en un foro específico al que se invitó a participar a las diferentes instituciones implicadas (Gobierno Vasco, Diputación de Gipuzkoa y Bizkaia y los ayuntamientos de Eibar, Soraluze, Elgoibar, Mendaro, Deba, Mutriku, Mallabia y Ermua) así como a agentes sindicales, empresariales y expertos de los ámbitos sociológico y económico. Así, el informe final se ha redactado tras escuchar a cerca de 40 comparecientes y estudiar la documentación remitida por 30 instituciones y colectivos.
