PSE-EE PSOE Euskal Sozialistak

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha presentado hoy en el Parlamento Vasco el proyecto de presupuestos de su Departamento para 2026, que asciende a 369,2 millones de euros, un 2,6% más que el año anterior. A pesar de la desaparición de los fondos europeos MRR, las cuentas mantienen un crecimiento sostenido “para seguir fortaleciendo el servicio público de la justicia, garantizar el modelo vasco de gestión penitenciaria e impulsar una memoria crítica que contribuya a consolidar una cultura democrática”.

La consejera del PSE-EE ha estado acompañada por el viceconsejero de Justicia, Alfonso Gómez, la viceconsejera de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia, Arritxu Marañón, y el director del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos - Gogora, Alberto Alonso. En su intervención, ha subrayado que “estos presupuestos consolidan los compromisos del acuerdo de Gobierno y miran al futuro de la justicia y la convivencia democrática, priorizando a las personas más vulnerables y fortaleciendo los pilares del modelo vasco de reinserción y derechos humanos”.

El Departamento dedicará 212 millones de euros al personal, lo que supone casi el 58% del total. La consejera ha destacado que “el principal capital de este Departamento son las personas que prestan el servicio público de justicia”, y ha reafirmado el compromiso con la formación, la estabilidad y la mejora de las condiciones laborales de todo el personal.

Justicia más accesible y cercana

Según ha explicado en la que ha sido la última de las comparecencias de los miembros del gobierno, el eje central de la acción del Departamento sigue siendo “la atención a quienes más dificultades enfrentan, bien por su vulnerabilidad o por desconocimiento, y que no acceden a los derechos que les corresponden”. Así, se va a reforzar el acceso a la justicia gratuita, que se incrementa hasta 17,6 millones de euros para abogacía y 1 millón para procura, consolidando los turnos de oficio y de guardia.

Asimismo, se destinan 2,4 millones de euros a la atención a víctimas de violencia de género, lo que permitirá agilizar los trámites, y 1,2 millones al Servicio de Atención a la Víctima, que será objeto de un diagnóstico para detectar mejoras e impulsar actuaciones restaurativas. Los Puntos de Encuentro Familiar contarán con 3,2 millones, y los recursos socioeducativos de intervención con menores infractores y jóvenes alcanzarán 10,7 millones, consolidando un modelo educativo y no punitivo que mantiene la reincidencia por debajo del 15%.

La Justicia Restaurativa, una de las grandes apuestas del Departamento, contará con 1,1 millones de euros para extender la mediación a delitos leves y derecho de familia. Además, se crea un Servicio de Ejecución de Penas en el Ámbito Comunitario, dentro del Servicio Vasco de Gestión de Penas, dotado con 2,4 millones, que refuerza la intervención socioeducativa y promueve alternativas eficaces a la prisión fomentando la responsabilidad social.

Igualmente, se continuará con la apuesta por la normalización del euskera en el acceso y desarrollo del servicio público de justicia, con medidas destinadas a garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía y en colaboración con los operadores jurídicos y agentes sociales.  

Apertura de Zubieta y refuerzo del personal penitenciario

San José ha avanzado que el año 2026 será “clave en la consolidación del modelo penitenciario vasco”, con la apertura del nuevo Centro Penitenciario de Gipuzkoa en Zubieta, que completará la red. Además, se completará la plantilla total contemplada en la RPT aprobada en 2024 en los centros de Zaballa, Bizkaia y Zubieta, reforzando los equipos técnicos y avanzando en la formación del nuevo personal.

El acuerdo laboral con las organizaciones sindicales se implementará este ejercicio, y se pondrá en marcha el departamento de Régimen Cerrado en Zaballa, que completará un sistema penitenciario integral. Además, se prevé adjudicar la construcción del Centro de Inserción Social de Basauri y redactar el proyecto técnico del de Zaballa. Una encuesta sobre la calidad de vida en prisión, en colaboración con la UPV-EHU, permitirá evaluar la gestión penitenciaria y detectar ámbitos de mejora.

La Agencia Vasca de Reinserción Social – Aukerak mantendrá su apuesta por la formación y la empleabilidad de las personas internas. Aunque su presupuesto global desciende un 7% por reorganización de partidas, aumentan las destinadas a talleres profesionalizados, productos de economato y herramientas informáticas, garantizando itinerarios personalizados de orientación y formación.

En materia de modernización digital e infraestructuras, el Departamento de Justicia y Derechos Humanos dirigido por la consejera socialista destinará 2,75 millones de euros al mantenimiento del sistema de gestión procesal AVANTIUS y del expediente judicial electrónico, y 6 millones a la actualización del sistema de grabación en salas de vistas. Entre las inversiones más destacadas figura la rehabilitación del edificio Mapfre en Bilbao, con obras durante 2026, y 1,8 millones para mejorar la seguridad en edificios judiciales mediante instalación de cámaras adaptadas al nuevo centro de control por televisión. También se invertirán 500.000 euros en la adaptación de los Juzgados de Paz en Oficinas de Justicia en el Municipio, reforzando la cercanía a la ciudadanía.

Derechos Humanos y Gogora

El presupuesto consolida el compromiso con las víctimas y con la construcción de una memoria crítica. Entre las novedades, destaca una campaña de sensibilización, dotada con 70.000 euros, con el objetivo de dar respuesta a las peticiones de las víctimas “relacionadas con aquellas actuaciones que puedan resultar humillantes, revictimizantes y condenables desde el punto de vista ético”, ha detallado la consejera. Se trata, ha añadido, de que “sea un instrumento más para para prevenir discursos de odio y actitudes humillantes hacia las víctimas o justificadoras de la violencia, y cultivar un civismo democrático y tolerante”.  Además, se pondrá en marcha el proyecto piloto ‘Sendaoroi’ relacionado con la salud mental y el acompañamiento emocional y psicológico a víctimas, y se refuerza el programa NARE de apoyo a personas defensoras de derechos humanos, con 100.000 euros.

Por su parte, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos - Gogora aumenta su presupuesto un 14,6%, con un incremento del 30% en investigación y la duplicación de la partida dedicada al banco de ADN, que pasa de 90.000 a 180.000 euros. En 2026, Gogora impulsará investigaciones sobre la vulneración de derechos humanos entre 1936 y 1978, la violencia de extrema derecha, la represión de la diversidad sexual y de género y la memoria del primer Gobierno Vasco, en su 90º aniversario. Asimismo, se construirá un columbario en Derio, con una partida de 300.000 euros, y se completará el de Elgoibar, con otros 60.000 euros.

Compromiso con una justicia moderna y una convivencia plural

La consejera socialista ha cerrado su intervención destacando que “estos 369,2 millones de euros se traducen en personas, en políticas concretas y en un compromiso firme con la justicia, la convivencia y los derechos humanos”. San José ha asegurado que “seguiremos avanzando hacia una justicia más humana, cercana y moderna, que sitúe a Euskadi como referente en reinserción, igualdad y convivencia democrática”.