PSE-EE PSOE Euskal Sozialistak

La parlamentaria socialista Gloria Sánchez se ha felicitado por el acuerdo definitivo alcanzado en el Congreso de los Diputados para poner en marcha el Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto, que tal y como ha venido defendiendo el PSE-EE, dependerá del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El texto legal que regulará el fondo, cuyo dictamen será ratificado mañana en la Comisión de Trabajo y Seguridad, se pondrá en marcha en un plazo de tres meses  tras la aprobación del reglamento que desarrollará la proposición de ley impulsada desde el Parlamento Vasco.

🗣️@gloria_marti @socialistavasco nos felicitamos por la puesta en marcha en breve del Fondo de Compensación de las Víctimas del Amianto. No fue justo que su derecho a la salud no se protegiera en el pasado y no es justo que ahora sufran un calvario judicial para ser indemnizados pic.twitter.com/xGK0agvowT

— Grupo parlamentario Socialistas Vascos (@gpsv_parlamento) July 12, 2022

Gloria Sánchez ha destacado la importancia de la creación de este fondo para aportar una solución a unos trabajadores “cuyo derecho a la salud no fue protegido en el pasado y que ahora se ven obligados a defenderlo ante los tribunales”. “No es justo lo que sufrieron y no es justo que ahora tengan que sufrir un calvario judicial para obtener una indemnización”, ha denunciado. Este fondo les evitará la batalla judicial que tienen que sufrir para acceder a una compensación, “una compensación que los socialistas consideramos absolutamente justa”, ha añadido.

Gloria Sánchez, quien formó parte de la delegación enviada por la Cámara vasca al Congreso para defender la toma en consideración de la proposición de ley para crear en el Estado el citado fondo, ha puesto también el acento en el valor del acuerdo porque, planteada por el grupo socialista, esta iniciativa legislativa salió adelante por unanimidad. “Representa el valor del acuerdo entre diferentes para garantizar los derechos de todos”, ha destacado

Con este fondo, que ya cuenta con una partida de 25 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado, se dará respuesta a un colectivo que podría llegar a los 130.000 afectados en 2050.