PSE-EE PSOE Euskal Sozialistak

1. Política Social.

• Consolidación y fortalecimiento del servicio vasco de servicios sociales.
• Cartera de Servicios Sociales.
• Fondo para la cohesión y la calidad del sistema vasco de servicios sociales.
• La política social como nicho de empleo.
• Interlocución social y tercer sector.
• Innovación Social.
• Política de Inmigración.

2. Garantía de Ingresos.
3. La Vivienda como derecho.
4. Políticas familiares.
5. Pensiones Públicas sostenibles.

1. POLITICA SOCIAL.

El desarrollo y fortalecimiento de las políticas sociales ha sido siempre una de las principales prioridades políticas para el PSE-EE, y también lo ha sido, desde la oposición, en esta legislatura. De hecho, hemos seguido siendo el principal defensor de estas políticas, ejerciendo la oposición en unos casos y el acuerdo en otros, con la clara voluntad de fortalecerlas y ampliarlas.

La sociedad vasca actual se caracteriza por tener una alta esperanza de vida, con nuevos modelos familiares y mayores niveles de diversidad social. Al tiempo, la crisis económica ha hecho aumentar las causas y posibilidades de caer en la exclusión social. Con el empleo ya no siempre se sale de la necesidad y la pobreza infantil tiene niveles preocupantes y superiores a los niveles de pobreza de los adultos.

En este contexto, para el PSE-EE los servicios sociales han de configurarse como los garantes de la calidad de vida a la que toda persona, por el hecho de ser ciudadano/a, tiene derecho, con independencia de su edad, de su origen, de su estado de salud, de sus circunstancias. Es decir, los servicios sociales han de configurarse como el cuarto pilar del Estado del bienestar, y como los otros tres, han de ser públicos y universales, configurando un sistema equitativo, eficaz y de calidad.

Defendemos, pues, una intervención pública decidida y con fortaleza suficiente para garantizar la igualdad de acceso y oportunidades para toda la ciudadanía vasca; intervención que redundará en una sociedad más equilibrada, con menor desigualdad y mayor bienestar.

El Sistema Vasco de Servicios Sociales constituye una importante inversión de carácter social que, a su vez, generará retornos beneficiosos para el desarrollo de nuestra sociedad, acrecentando la calidad de vida, fortaleciendo la cohesión social, suministrando empleo a un porcentaje importante de ciudadanos, y generando riqueza.

El PSE-EE propone la construcción de un Sistema Vasco de Servicios Sociales público, universal y accesible, que garantice el cuidado y el bienestar de todas las personas con autonomía en su entorno domiciliario, familiar y comunitario.

CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA VASCO DE SERVICIOS SOCIALES.

• Fondo Interinstitucional Extraordinario para la cohesión y mejora de la calidad en los servicios sociales, orientado especialmente al impulso de una atención primaria innovadora, que favorezca el establecimiento de la cartera de servicios sociales de forma igualitaria y suficiente en toda la comunidad autónoma.
  Apostamos por establecer un modelo consensuado y estable de financiación, para lo cual buscaremos un Pacto Interinstitucional y político que permita introducir medidas de financiación que garanticen la sostenibilidad del sistema.
• Priorizaremos la atención y cuidados en el entorno, para lo que es fundamental que los Sistemas de Servicios Sociales y Sanidad aumenten su coordinación y den una respuesta eficiente y eficaz, creando un verdadero espacio socio-sanitario.
• Este nuevo modelo de cuidados y apoyos debe promover la autonomía de las personas en su entorno de referencia y responder al reto de la diversidad funcional (con atención integrada intersectorial para las situaciones de discapacidad y dependencia).
• Desarrollo de nuevos modelos residenciales, como los cooperativos y tutelados para personas mayores, pero también para personas con especiales dificultades (discapacidad, dependencia).

CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES.

Los socialistas vascos hemos participado activamente en el desarrollo del modelo social que hoy tenemos en Euskadi. Fuimos decisivos en la aprobación de la Ley de Servicios Sociales de 2008 que protegía como derecho subjetivo dentro de nuestro ámbito competencial lo previsto por la Ley de Dependencia que promovió un Gobierno socialista en España.

La Ley de Servicios Sociales, sin embargo, no pudo alcanzar su desarrollo pleno en la legislatura siguiente. No fue la crisis ni la falta de recursos, mucho menos la falta de voluntad del Gobierno de Patxi López. Fue la negativa del PNV la que impidió un acuerdo básico y necesario entre las administraciones autonómica, forales y municipales para su desarrollo.

Pero ha sido en legislatura que acaba de terminar y gracias, una vez más, a la voluntad de acuerdo de los socialistas vascos, cuando se ha podido sacar adelante el decreto que establece la cartera de servicios sociales que garantiza y hace efectivo a partir de 2017 el derecho subjetivo a dichos servicios.

Creemos que el Decreto es un avance real, pero carece de dos elementos sustanciales necesarios:

… Un mapa competo de esos servicios sociales.
… Y una garantía de financiación por parte de las instituciones competentes, especialmente los Ayuntamientos, que tienen atribuidas muchas de las atribuciones que deben garantizar el derecho.

La nueva regulación no garantiza suficientemente que no se produzcan, en ninguna parte del país, retrocesos o recortes en cobertura, o en la intensidad de los servicios, o en la cuantía de las prestaciones económicas.

Tampoco incorpora una apuesta económica suficiente, en particular en aquellos servicios (como servicios de ayuda a domicilio, servicios sociales de base, intervención socioeducativa y asistencia personal) más relevantes para la configuración de dicho modelo.

Ni territorializa de forma suficientemente desagregada los servicios sociales a una escala que garantice la proximidad y la igualdad de todas las ciudadanas y ciudadanos, y facilite la coordinación sociosanitaria.

Además, vacía de contenido la función planificadora del Gobierno Vasco:

… Al no incorporar una estrategia de investigación, desarrollo, innovación y profesionalización en servicios sociales.
… Al no incorporar una estrategia útil para la creación de empleo, el afloramiento de economía sumergida y la colaboración con el mundo del tercer sector y la economía solidaria.
… Al no configurar un sistema suficientemente homogéneo y equitativo para todo el país.
… Al no permitir, en definitiva, la universalización e impulso de los servicios sociales como cuarto pilar del sistema de bienestar que reclaman los cambios y desafíos de nuestra sociedad.

Por todo ello, el PSE-EE propondrá en la próxima legislatura una modificación del Decreto para que la distribución competencial que allí se dibuja se transforme en la regulación de un derecho subjetivo garantizado para cualquier ciudadano, resida en la localidad de Euskadi en la que resida.

Además, de forma transitoria hasta el pleno desarrollo de la Cartera, hará efectivo un Fondo para la Cohesión y Calidad del Sistema vasco de Servicios Sociales.

FONDO PARA LA COHESIÓN Y CALIDAD DEL SISTEMA VASCO DE SERVICIOS SOCIALES.

Los socialistas vascos hemos venido defendiendo de forma reiterada, durante toda la legislatura, la creación de un Fondo para la Cohesión y Calidad del Sistema vasco de Servicios Sociales que de forma transitoria pudiera ir cubriendo las prestaciones hasta el pleno despliegue del derecho subjetivo.

Así está expresamente recogido en el acuerdo suscrito por PE-EE y PNV en 2013, y así lo reclamó expresamente la Secretaria General del PSE-EE, Idoia Mendia, en los Plenos de Política General de septiembre de 204 y 2015, así como en el monográfico de paro y pobreza de noviembre de 2014.

Sin embargo, el PNV ha eludido este compromiso, y sólo en el Consejo Vasco de Finanzas de octubre de 2015 se recogía este Fondo, para su ejecución en el ejercicio 2016 ya que fue una de las exigencias socialistas para el consiguiente acuerdo presupuestario.

A pesar de estar dotado con 20 millones para atender servicios sociales básicos en municipios que no disponen de capacidad financiera suficiente, al cierre de la legislatura seguía sin haberse ejecutado un solo euro.

Los socialistas consideramos que el PNV no ha entendido el factor estratégico de este Fondo, y ese retraso supondrá en la práctica que la carta de Servicios Sociales no será efectiva en muchos municipios en la fecha indicada. Porque en un contexto de crisis económica, las dudas sobre en qué gastar los recursos públicos no pueden dejar sin atender la necesidad apremiante de hacer una apuesta de país por los servicios sociales, clave para atender las nuevas necesidades y para garantizar la igualdad y la dignidad en la vida de las personas que requieren estos servicios, especialmente las mayores: hay más personas mayores con limitaciones funcionales, mayor necesidad de apoyo por parte de las familias para cuidar a sus miembros menores o mayores que lo necesiten, dificultades para la conciliación de la vida familiar y laboral, obstáculos para la igualdad entre mujeres y hombres… Y además enlaza con el mundo del tercer sector, la economía solidaria y los movimientos sociales.

Hablamos de igualdad y dignidad, pero hablamos también de un impacto económico, porque supone la creación de riqueza no sólo social, sino económica, con una oportunidad de creación de nuevos empleo que, además, favorecen de forma decisiva la conciliación de la vida familiar y laboral en un momento en el que la atención a dependientes se está convirtiendo en el mayor obstáculo para dicha conciliación.

Ese Fondo debe financiar actividades clave en el sector e incentivar inversiones de diversas administraciones, entidades de la iniciativa social o empresas privadas. Algunas líneas de financiación a las que destinar el fondo serían las siguientes:

… Investigación, desarrollo e innovación en servicios sociales, para el diseño y pilotaje de programas y sistemas más eficientes y satisfactorios de intervención social.
… Inversión en infraestructuras aptas para el desarrollo de modelos de prestación de servicios sociales más domiciliarios y comunitarios, con especial atención a servicios de teleasistencia.
… Diseño y pilotaje de programas y servicios sociales que pudieran suponer ahorros constatables en las políticas sanitarias y de garantía de ingresos.
… Programas piloto para el desarrollo de servicios sociales virtuales, domiciliarios y comunitarios que potencien el aprovechamiento y transformación de las viviendas en Euskadi y la coordinación entre la política de servicios sociales y la política de vivienda.
… Fortalecimiento y desarrollo del tejido comunitario y las organizaciones solidarias del tercer sector social de Euskadi que intervienen en el sector de los servicios sociales.

Sólo un fondo de este estilo acercaría a Euskadi a los paradigmas de la inversión social y la innovación social que se proponen desde las instituciones europeas y se impulsan en los países de referencia en materia de política social.

Sólo un fondo de estas características nos daría alguna opción de recuperar el tiempo perdido y no volver a perder el tren de un área clave en nuestro sistema de bienestar y nuestra economía productiva.

Sólo apuestas estratégicas de este estilo han permitido, en diferentes momentos de la historia, abordar con éxito diferentes realidades sectoriales y de país.

Sólo una apuesta de este estilo permite superar viejas políticas que, por inercia institucional, siguen consumiendo fondos sin ofrecer el necesario impacto social.

El retraso en el desarrollo de los servicios sociales como cuarto pilar del sistema de bienestar está lastrando y cortocircuitando de forma cada vez más grave el despliegue del conjunto de políticas sociales y económicas en el país. De ahí la necesidad de un fondo económico que exprese y materialice una apuesta de país, como ha habido otras en nuestra historia.

Y en este momento crítico para la garantía de los derechos sociales, los socialistas, que lideramos la universalización de la sanidad, de la educación y de las pensiones, seremos los que universalizaremos los servicios sociales. Sin ese pilar, los otros tres están en peligro. Es nuestra apuesta radical frente a los discursos asistencialistas de los partidos conservadores, que miden la protección social sólo en gasto, no en eficacia ni en derechos.

LA POLÍTICA SOCIAL COMO NICHO DE EMPLEO.

• Impulsaremos programas presupuestados y evaluables para la afloramiento de empleo sumergido y la creación de empleo de calidad en el ámbito de los servicios sociales y la economía del cuidado, favoreciendo en este ámbito las fórmulas de la economía social y solidaria y los servicios de proximidad con enfoque comunitario, generadores de empleo vinculado al territorio y a la sostenibilidad de la vida.
• Fomento del cuidado profesional con respecto de los cuidados primarios en el seno familiar, para evitar que estos se conviertan, de manera muy generalizada, en una tarea que recae exclusivamente sobre las mujeres.
• Exigiremos al Gobierno de España la recuperación de la cotización a la Seguridad Social de las personas cuidadoras familiares.
• Potenciaremos la figura del asistente personal, que permita el acceso al trabajo, pero también al ocio, de personas con especiales dificultades de movilidad y dependencia.

INTERLOCUCIÓN SOCIAL Y EL TERCER SECTOR.

• La aprobación de la Ley del Tercer Sector Social de Euskadi es un reconocimiento al papel de las organizaciones del Tercer Sector en el sistema de Servicios Sociales. Por ello, consideramos prioritario su desarrollo y puesta en marcha en el menor tiempo posible.

INNOVACIÓN SOCIAL.

• La sociedad actual necesita para el sostenimiento y desarrollo de las políticas sociales el desarrollo de la innovación sociosanitaria, dándole prioridad política dentro de las estrategias interinstitucionales de I+D+i.
• Apostamos por la autogestión comunitaria en procesos participativos en los que se empodere a la ciudadanía. Apostamos tanto por la protección de las personas en lo que éstas necesiten, como por la promoción, activación y responsabilización de las personas en lo que puedan aportar al bien común.

POLÍTICA DE INMIGRACIÓN.

• Promover la plena integración, social, laboral, y personal de la población inmigrante.
• Asegurar al conjunto de la ciudadanía el acceso en condiciones de igualdad a los servicios básicos, tales como sanidad, educación, vivienda, empleo y servicios sociales.
• Impulsaremos programas de sensibilización en la sociedad vasca sobre los valores positivos de la diversidad cultural, rechazando toda forma de racismo, xenofobia y cualquier otra clase de discriminación que se produzca. Favoreceremos los intercambios culturales y el diálogo entre las diferentes culturas, contribuyendo a la gestión de la diversidad para el logro de una sociedad cohesionada.
• Pacto Social por la Inmigración. Lucha contra el racismo y la xenofobia.
• Apoyo a la convivencia intercultural

2. GARANTIA DE INGRESOS.

La característica fundamental de la socialdemocracia es la lucha contra la desigualdad. Una de las prioridades del PSE-EE es y será asegurar al conjunto de la ciudadanía unas condiciones de vida dignas.

Las contrarreformas que con la excusa de la crisis están impulsando la derecha europea y española, y el consiguiente aumento de la pobreza y la exclusión social, están poniendo en duda nuestro modelo social e incluso el propio sistema democrático, ya que el proceso de mercantilización individualista está dejando a grandes grupos sociales fuera de los estándares mínimos de bienestar que permiten a los seres humanos vivir como ciudadanos libres e iguales.

Sin derechos políticos la gente no puede estar segura de sus derechos personales; pero sin derechos sociales, es decir, sin tener cubiertas las necesidades humanas básicas, los derechos políticos seguirán siendo un sueño inalcanzable, una ficción inútil o una broma cruel para muchas personas a quienes la ley, formalmente, les garantiza tales derechos.

En el marco de la lucha contra la desigualdad y a favor de una redistribución justa de la riqueza se enmarca la política de garantía de ingresos, que en Euskadi cuenta con una base de partida esencial como es la Renta de Garantía de Ingresos. Un sistema que debe evolucionar con objeto de responder a las nuevas situaciones de pobreza provocadas por la crisis económica y trabajar para evitar su cronificación, garantizando a quienes se encuentran en el sistema de garantía de ingresos la realización de un itinerario adaptado a sus condiciones personales. .

Defendemos el Sistema vasco de Garantía de Ingresos gestionado por un Servicio Vasco de Empleo-Lanbide diseñado y organizado para facilitar el empleo y la empleabilidad de todas las personas, que garantice el acceso al trabajo, a la formación y a la inserción, siempre de manera individualizada y en relación a un itinerario personalizado.

Medidas:

• Cualquier modificación de la Renta de Garantía de Ingresos debe ir precedida de un estudio profundo y serio que permita consensuar cada cambio. Estas modificaciones:
  • Han de responder a las nuevas situaciones de fragilidad y precariedad económica provocadas por la crisis económica, y que han hecho aparecer nuevas bolsas y formas de pobreza.
  • Han de profundizar en los distintos modelos familiares, incluyendo no sólo el número de miembros de la unidad convivencial sino también cualquier otra circunstancias de los menores (discapacidad, dependencia…), si la familia es monoparental o no, o si el principal preceptor es o no una persona jubilada.
  • Se han de incrementar las cuantías en casos en los que haya menores, estableciendo un sistema de equivalencia más acorde a la situación real de la familia.
• Modificaremos la definición de Unidad Convivencial para aligerar la carga de aquellas personas jubiladas sobre las que recae el principal sustento familiar, permitiendo la emancipación o reemancipación de sus hijos e hijas.
• Reclamaremos la gestión y la competencia de todas aquellas prestaciones, subsidios asistenciales y pensiones no contributivas que en la actualidad están en manos del Estado, para poder así diseñar una política de garantía de ingresos única en todo el País Vasco y que simplifique las prestaciones y ayudas.
• Impulsaremos una gestión basada en el potencial tecnológico para facilitar y controlar el pago de las ayudas a través del aumento de la interoperabilidad con otros sistemas.
• Apostamos por un cálculo más individualizado de la renta y el patrimonio máximo para acceder a la Renta de Garantía de Ingresos como forma de responder a las nuevas necesidades sociales.
• Creemos que la renta de garantía de ingresos ha de venir acompañada de una decidida política que facilite el empleo de todas las personas, con independencia de su grado de empleabilidad.
• Proponemos el desarrollo de un Programa de Garantía de Inserción, en colaboración los ayuntamientos y las organizaciones del Tercer Sector, que ofrezca una actividad en ámbitos de interés social, así como formación y acciones de inserción sociolaboral, a todas las personas que lleven en el sistema más de tres años.
• Como extraordinarias colaboradoras que son en la búsqueda de empleo y mejora de la empleabilidad, proponemos la firma de un gran acuerdo entre Lanbide y las entidades del tercer sector (asociaciones, fundaciones, cooperativas, centros especiales de empleo, empresas de inserción…), mediante el cual se ofrezcan alternativas de orientación, formación y activación laboral, reforzando las alternativas de empleo social protegido, empresas de inserción, empresas de economía social y colaborativa, etc.
• Introducción de la política fiscal en el sistema de garantía de ingresos a través de impuestos negativos, principalmente dirigida a aquellas personas que por edad o enfermedad no pertenezcan a la población activa, eliminando así parte de la gestión de Lanbide.

3. LA VIVIENDA COMO DERECHO.

En materia de vivienda el hito más importante ha tenido lugar en la última legislatura, cuando, a iniciativa del PSE-EE, se aprobó la Ley de Vivienda. La ley 3/2015 de 18 de diciembre introduce una nueva visión al subrayar la función social de la vivienda.

Es una ley que no ha gustado a la derecha. El Gobierno del PP interpuso un recurso de inconstitucional sobre una parte importante de la ley, sobre todo en lo que tiene que ver con la vivienda vacía o la expropiación temporal de uso. Y el PNV trató de recortar los derechos actuales, haciendo caso omiso de lo que supone el derecho subjetivo a la vivienda que la ley crea y garantiza.

Defenderemos el derecho subjetivo a la vivienda, apostando por la disposición de una vivienda digna y adecuada para cada persona que no pueda costeársela por sus medios, a través del alquiler público o a través de una justa y suficiente prestación económica.

Apoyamos la función social de la vivienda frente a los poderes inmobiliarios y financieros que hacen de ella un bien económico susceptible de especulación.

Medidas.

• Defendemos la constitucionalidad de la Ley de Vivienda, y por tanto la intervención pública en la propiedad privada de las viviendas para salvaguardar su función social, el derecho de todos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
• Desarrollaremos el derecho subjetivo a la vivienda, garantizando el acceso a la ocupación legal estable de una vivienda digna y adecuada a aquellas personas que carecen de recursos económicos precisos para conseguir una.
• Subsidiariamente, se realizará mediante una prestación económica. Esta ayuda no supondrá, ni en requisitos ni en cuantías, recorte alguno en los derechos reconocidos hasta el presente a través de la actual Prestación Complementaria de Vivienda.
• Agruparemos en un solo ente público las funciones hasta ahora repartidas en las sociedades de vivienda del Gobierno vasco.

4. POLITICAS FAMILIARES.

Las ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho a constituir, si así lo decidimos libremente, una familia, que adquiere estructuras tan diversas como diversa es nuestra sociedad.

L@s Socialistas reconocemos la importancia de las familias como núcleos de relación humana y de educación social, afectiva y comunitaria. Y por ello apostamos decididamente por el desarrollo de políticas que faciliten a las personas con responsabilidades familiares, y a aquellas que quieran constituir una familia, la realización de su proyecto vital en las mejores condiciones posibles.

Consideramos que, del mismo modo que nadie está obligado a emprender un proyecto familiar, nadie se debe ver obligado a renunciar al proyecto de iniciar una familia, sea por razones económicas o laborales. Así mismo, estamos convencidos de que las responsabilidades familiares, que tradicionalmente han descansado sobre las mujeres, deben ser compartidas entre todos los miembros de la familia.

Una especial atención merecen los 83.000 hogares monoparentales que existen en Euskadi, por viudedad, divorcio o libre ejercicio en solitario de la maternidad o la paternidad. La gran mayoría de estos hogares tienen por cabeza a mujeres y están expuestos de forma especial a situaciones de pobreza.

Por ello impulsaremos un Pacto de Apoyo a las Familias que, a través de medidas sectoriales en los ámbitos de las ayudas económicas, la fiscalidad, la corresponsabilidad, el cuidado, la vivienda y el mundo laboral, remueva los obstáculos con los que se encuentran muchas ciudadanas y ciudadanos vascos a la hora de emprender una vida familiar o a la hora de hacer frente a las responsabilidades familiares que han contraído.

Un Pacto de Apoyo a las Familias:

… Que aplique políticas públicas efectivas en pro de la corresponsabilidad, a través de medidas de sensibilización y formación que permitan el reparto de las tareas domésticas y de cuidado entre hombres y mujeres, y que prestigie socialmente la economía de los cuidados.
… Que, en función de la renta familiar disponible, desarrolle la extensión de las ayudas por el nacimiento y mantenimiento de hijas e hijos hasta los seis años para los primeros y segundos, y hasta los doce para los segundos y terceros.
… Que impulse las modificaciones normativas necesarias para que la política fiscal sea también un instrumento de política familiar y social, homogeneizando las deducciones por realidad familiar existentes en el IRPF.
… Que ponga en marcha un plan de ayudas para el cuidado de menores a través de un sistema de cheque-servicio, desarrollando servicios profesionalizados de cuidados en el hogar.
… Que analice los servicios prestados por las Haurreskolak, adaptándolos a los horarios laborales de padre y madres.
… Que desarrolle programas de apoyo extraescolar y ocio comunitario, en colaboración con la Administración educativa.
… Que incorpore criterios de priorización en las políticas de vivienda para las familias monoparentales y parejas jóvenes.
… Que promueva en la negociación colectiva las medidas de conciliación laboral y familiar, y premie a las empresas que desarrollen planes de flexibilización de los horarios y de incorporación de procesos de teletrabajo que la faciliten.
… Que desarrolle un sistema de anticipos económicos que facilite la recuperación de la familia ante el impago de pensiones alimenticias.
… Que inste a las Administraciones del Estado competentes a hacer efectiva la ley de igualdad salarial y a estudiar la ampliación de los meses de permiso por maternidad o paternidad.

5. PENSIONES PÚBLICAS SOSTENIBLES.

Los socialistas tenemos en nuestro ADN la defensa de lo público como garantía de justicia, igualdad y solidaridad.

Hoy más de medio millón de vascos cobran una pensión tras una larga trayectoria de trabajo y de esfuerzo personal. Pero en los últimos años, son muchos los ciudadanos (pensionistas o no) que asisten alarmados a los mensajes que repiten machaconamente que sus pensiones no son sostenibles y que las pensiones de sus hijos e hijas serán imposibles.

Reconocemos la realidad demográfica, el envejecimiento de la población (cada vez hay más jubilados y menos jóvenes), que vivimos más años y las pensiones se pagan durante más tiempo.

Pero la solución a esta realidad no pasa por los planes privados, sean particulares o de empresas, a modo de salario diferido. Ésa no es la solución para tantos miles de jóvenes que acceden al mercado laboral como becarios o empleados por horas, ni para las mujeres que siguen cobrando mucho menos que los hombres, ni para quienes tienen que asumir jornadas reducidas porque no tienen los servicios públicos que garanticen la atención a sus familiares dependientes, ni para los miles de trabajadores que llevan más de dos años anclados en el desempleo, ni para los miles que completan paupérrimos salarios con la RGI, ni para los autónomos que apenas cubren gastos.

La propuesta del PNV de romper la caja única de la Seguridad Social y privatizar las pensiones pone en riesgo el sistema y nos conduce a un modelo de dos velocidades, de ricos y pobres, que condena a la exclusión a muchos de los actuales pensionistas y a la gran mayoría de los futuros pensionistas. Pero también las políticas aplicadas por el Partido Popular desde 2012 amenazan la sostenibilidad del sistema y han vaciado “la hucha” de las pensiones.

La solidaridad entre generaciones y la solidaridad entre territorios es lo que hace posible la igualdad entre ciudadanos. Por ello, los socialistas seguimos defendiendo que las pensiones públicas (las actuales y las futuras) son viables y sostenibles. Por ello proponemos:

… Recuperar la centralidad del Pacto de Toledo como expresión del consenso básico en defensa, mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones.
… Reforzar el reconocimiento constitucional el derecho a la Seguridad Social.
… Mejorar los ingresos provenientes de cotizaciones a través de la elevación progresiva de la base máxima de cotización y de la mejora progresiva de las bases mínimas (vinculadas al SMI).
… Establecer un sistema de cotización para los trabajadores autónomos en función de sus rentas o ingresos.
… Incrementar progresivamente la financiación del Estado a través de la creación de una figura impositiva que tenga carácter finalista y vinculada a la financiación de las pensiones.
… Reforzar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
… Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones.
… Incrementar la pensión de viudedad para mayores de 65 años que no perciban otra pensión hasta alcanzar el 60%.
… Mejorar nuestro autogobierno con la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social sin romper el principio de solidaridad y sin poner en riesgo los derechos adquiridos por nuestros actuales pensionistas y por los trabajadores que en el futuro deberán tener garantizada también una jubilación digna.