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El PSE-EE subraya el esfuerzo de coordinación institucional que supone el acuerdo vasco para evitar los desahucios de personas vulnerables

El consejero socialista Iñaki Arriola ha anunciado hoy el convenio que implica a los departamentos de Vivienda, Justicia y Bienestar Social, al CGPJ y a los ayuntamientos

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Iñaki Arriola e Idoia Mendia Foto: Socialistas Vascos

El Gobierno Vasco, el Consejo General del Poder Judicial y los ayuntamientos vascos, a través de Eudel, van a intensificar los esfuerzos para actuar en los casos de desahucios que afecten a personas vulnerables y evitar que se queden en la calle. El consejero de Vivienda, el socialista Iñaki Arriola, ha explicado hoy el convenio de colaboración que van a suscribir la instituciones y que supone un intenso esfuerzo de colaboración que los Socialistas Vascos queremos subrayar.

El objetivo del convenio, que implica a otro departamento socialista, el de Trabajo y Justicia, y al de Empleo y Asuntos Sociales, prevé intervenir preventivamente antes de que se produzca el desahucio. Según el protocolo previsto, cuando el órgano judicial que conozca de un asunto estime que puede acabar en un desahucio y aprecie una situación de especial vulnerabilidad, facilitará a los afectados información relativa a los servicios y programas de asistencia social. Además, trasladará el caso a los servicios sociales del ayuntamiento que corresponda, para que se examine la situación.

A partir de ese momento, si la familia afectada reúne los requisitos de acceso a las viviendas de protección pública, se puede plantear una propuesta de intervención por parte de sus servicios sociales y dar traslado de ella a la Viceconsejería de Vivienda del Gobierno Vasco, o bien la tramitación de alguna ayuda o prestación social o la derivación a otro servicio social.

En lo peor de la crisis, el Gobierno de Patxi López puso en marcha un Servicio de Mediación Hipotecaria para negociar con las entidades financieras alternativas que evitar el desahucio de los deudores de una hipoteca o un alquiler. En 2012, se estableció, además, el criterio de que las rentas máximas de los pisos del parque público de Alokabide no superara el 30% de los ingresos de los arrendatarios, y se abrió la posibilidad de dar prioridad en el acceso a estas viviendas a las personas afectadas por un desahucio.

En 2013, se suscribió con el Consejo General del Poder Judicial y Eudel el primer convenio sobre esta materia. Ahora se pretende mejorar la detección de estas situaciones de vulnerabilidad en los juzgados y también la comunicación a los servicios sociales.

Esta comunicación, con el previo consentimiento de los afectados, ya ha sido recogida por la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil que se aprobó en junio. Una de las novedades más destacadas del convenio es la creación de un registro informático para facilitar la comunicación entre instituciones y el estudio de las actuaciones realizadas para agilizar la gestión.

Los supuestos de especial vulnerabilidad incluyen a familias numerosas, unidades familiares monoparentales con hijos; unidades familiares con un hijo menor de edad o con personas discapacitadas, dependientes o enfermos permanentes, unidades familiares en las que el deudor estén en el paro, víctimas de la violencia de género; y personas mayores de 60 años.