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El PSE-EE ve con normalidad la posición del TC sobre la Ley de Empleo Público, pero recuerda que el debate sobre el euskera está en otro lado
Pau Blasi: “Vamos a seguir defendiendo las bases del pacto lingüístico que ha estado vigente desde hace 40 años: la libertad de elección al comunicarse con la Administración, la obligación de los poderes públicos de garantizar este derecho y la adecuación a la realidad sociolingüística de las distintas zonas del país”
El PSE-EE ha enmarcado dentro de la normalidad la decisión del Tribunal Constitucional de inadmitir a trámite la consulta del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) sobre la Ley de Empleo Público de 2022, aunque ha rebajado la trascendencia del pronunciamiento, en la medida en que lo nuclear del debate lingüístico no está en ese artículo 187.5 sobre el que se consultaba, sino en la aplicación de los Índices de Obligado Cumplimiento, eliminados por la nueva Ley de Empleo Público.
El Secretario de Euskera del PSE-EE, Pau Blasi, ha recordado que ya en diciembre, cuando se conoció la decisión del TSJPV de hacer una consulta al TC, los Socialistas restaron relevancia a este hecho y mostraron su plena confianza en la constitucionalidad de la normativa vasca. No en vano, la consulta se refería al artículo 187.5, que dice que todos los puestos de trabajo existentes en las administraciones públicas vascas tendrán asignado su correspondiente perfil, y no a los criterios para aplicar estos perfiles en las OPEs.
Así, ha recordado que muchas de las diferentes resoluciones del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco o de los juzgados de lo contencioso-administrativo sobre el euskera se han producido por entender que estas exigencias se aplicaban fuera de todo criterio de proporcionalidad y razonabilidad.
“Una cosa es el perfil lingüístico, que es una mera herramienta organizativa, y otra la preceptividad del mismo, la fecha a partir de la que es un requisito. Los Socialistas Vascos, y la gran mayoría de agentes que han participado en los últimos meses en el debate público en torno a la política lingüística de este país, no han cuestionado ese artículo”, ha explicado Blasi.
Muy al contrario, “el debate ha estado siempre en torno a la aplicación de los Índices de Obligado Cumplimiento, vigentes desde 1989, y que con la reforma de la Ley acordada por PNV y EH Bildu el pasado 26 de junio quedan en entredicho”.
En opinión del parlamentario socialista, resulta curioso que quienes criticaban la Ley de Empleo Público de 2022 y urgían a reformarla, celebren ahora la decisión del TC sobre esa misma ley. El PSE-EE no. El PSE-EE trabajó, negoció y votó a favor de la Ley de Empleo Público de 2022, que entendía que era un buen marco consensuado sobre el que seguir avanzando en el proceso de euskaldunización. Y ha trabajado, negociado y votado en contra de la Ley de 2026 por entender todo lo contrario.
En todo caso, ha celebrado que quienes “hasta ayer denunciaban la ofensiva judicial contra el euskera, hoy encuentren motivos de satisfacción en los pronunciamientos del Tribunal Constitucional”.
A la espera de conocer el auto completo y ver si el TC entra o no a valorar o no elementos de fondo de la política lingüística de la Administración vasca, el PSE-EE ha señalado que va a seguir defendiendo las bases del pacto lingüístico que ha estado vigente en este país desde hace 40 años: la libertad de elección de la ciudadanía a la hora de comunicarse con la Administración, la obligación de los poderes públicos de garantizar este derecho y la adecuación a la realidad sociolingüística de las distintas zonas del país.
“Ésos son los principios sobre los que se ha regido toda nuestra normativa durante las últimas décadas y es lo que PNV y EH Bildu quieren desmontar ahora. El artículo sobre el que se ha pronunciado el TC poco tiene que ver con eso”, ha zanjado.
