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INTERVENCIÓN MIREN GALLÁSTEGUI DICTAMEN LEY DE GARANTÍA DE LOS DERECHOS Y DE LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS EN EL PROCESO FINAL DE SU VIDA

Los socialistas apoyamos este dictamen porque da seguridad jurídica a prácticas médicas que ya se están aplicando con los enfermos terminales, cuestión en la que estábamos de acuerdo desde el principio de la tramitación de la ley. Tenemos dudas sobre las garantías de la autonomía de estos pacientes, creemos que se podía haber mejorado eliminando expresiones que dejan la puerta abierta a que esa última voluntad sea sustituida por voluntades e interpretaciones ajenas. Y lamentamos profundamente la renuncia a lo que votamos una mayoría de esta Cámara hace ahora un año, el 4 de junio de 2015.

En este trámite de hoy defendemos las enmiendas con las que pretendíamos mejorar las buenas intenciones que traía la propuesta original de EHBildu. Unas enmiendas en las que, con diferencias de expresión, parecíamos coincidir, aunque finalmente el proponente, en su legítimo derecho parlamentario y político, ha preferido cerrar un acuerdo a dos bandas con el PNV con el argumento expresado públicamente de que así se garantizaba que la ley se aprobara. La ley iba a salir, incluso con las discrepancias, pero todo el mundo ha sido testigo de nuestra voluntad absoluta de aceptar otras redacciones. Es su derecho. Pero sabe el grupo proponente que la posición socialista en este largo trabajo de dos años era claramente la de aprobar la ley, que hubiera algo que existe en otras Comunidades pero no en Euskadi, aunque el texto final no incluyera la totalidad de nuestras aportaciones.

Los socialistas nunca hemos sido del todo o nada. Ni con ésta ni con ninguna otra ley. Y si algo sabemos hacer es llegar a acuerdos. En este caso, es conocida la implicación directa de mi grupo. Desde la toma en consideración pusimos sobre la mesa las carencias que veíamos. Esas carencias son las que se han venido manifestando también por muchos de los comparecientes.

Y por eso provocamos un debate de intenciones, el que dio lugar hace un año a que un 86 por ciento de los representantes de los vascos pidiéramos la despenalización del suicidio asistido. Tras ese contundente resultado, algunos grupos presentamos enmiendas orientadas a reconocer ese derecho de los ciudadanos, conscientes de las limitaciones legales.

Así lo hemos venido defendiendo hasta el final. Así lo vamos a seguir defendiendo hasta el final. Y vamos a dar esa oportunidad a todos hasta el final, hasta el pleno. Si hoy esta Comisión decide no incorporar ninguna de nuestras propuestas, probablemente el grupo socialista retirará la mayoría de las enmiendas, salvo aquellas donde hemos reconocido la mayoría que eran importantes: la de constitución del observatorio de muerte digna en el que todos, menos PNV, estábamos de acuerdo en su día, que propusimos en una pnl y que no se admitió porque se alegó que había que hacerlo a través de esta ley; y la que reconoce el último derecho que puede ejercer una persona en su vida, así como la que establece la cautela de que ese derecho.

Porque hablamos de derechos. Es el nombre de la ley, el de la garantía de los derechos y de la dignidad de las personas en el proceso final de su vida. Para los socialistas, el título propuesto por el grupo proponente es el correcto, no el de muerte digna. Y en ese sentido han ido nuestras aportaciones.

Reconozco un impulso ideológico en nuestra posición. No partidista, sino ideológico para abordar una cuestión que afecta a cualquier persona, vote a quien vote. El impulso ideológico que ha conseguido ampliar en este país, sea el país España o Euskadi, los derechos civiles reconocidos para la totalidad de los ciudadanos, donde siempre hemos estado los socialistas.

Y cada ampliación de derechos, siempre, ha venido precedida de debates éticos. Pasó con el derecho a que cada cual elija si quiere casarse y si quiere dejar de estar casado. Pasó con el derecho de que cada cual decida compartir su vida con quien quiera, sin más límite que la voluntad íntima y personal de quienes toman esa decisión.

Pasó también con el derecho de la mujer a decidir cuándo ser madres. Y me paro aquí porque este debate tiene bastante que ver con el concepto de vida y muerte, con prejuicios y con la ética y la bioética. Quiero recordar que, en medio de fuertes polémicas y resistencias, se pasó en este asunto de una ley despenalizadora en 1985 a una ley sobre el derecho a la libre maternidad en 2010. Veinticinco años en medio para transitar de la eliminación de la culpa penal  a la eliminación de la culpa social.
Y hoy pensamos en esto, pensamos que en un solo texto, el que llevaremos a Pleno, podemos empezar por reconocer el derecho y pasar a renglón seguido a hacer posible ese derecho con una corrección del Código Penal. Eliminar primero la culpa social hará más fácil eliminar la culpa penal.

Sin miedo además a cualquier recurso. Los socialistas no somos ni temerosos ni temerarios. No tenemos miedo a abordar esta cuestión, que interpela a ciudadanos de todos los colores y partidos, pero no se nos ocurriría poner en riesgo jurídico a quienes colaboraran en cumplir la última voluntad de un paciente terminal que desee poner fin a su sufrimiento.

En la fórmula que proponemos somos nosotros mismos quienes ponemos las cautelas, no dependemos de Madrid ni del Tribunal Constitucional para hacerlo. Porque hoy vamos a dar el visto bueno a una ley, como decía al principio, que da mayores garantías jurídicas en prácticas que, sin cobertura legal, se han venido realizando atendiendo a la voluntad de los vascos y las vascas.

Los socialistas vamos a respaldarlo. Y dejamos en la voluntad de los representantes de los vascos y las vascas la posibilidad de reconocer el derecho al que más de una vez se han enfrentado ciudadanos y profesionales, el que en algunos casos han llegado a tribunales, en el que los tribunales en algunos casos están haciendo una interpretación que permite eximir al menos parte de la culpa…

Dejamos esta reflexión hasta el día en el que el Pleno se tenga que pronunciar. Los socialistas mantenemos esta propuesta porque creemos que podemos dar el salto de una ley que mejora la calidad asistencial de las personas al final de su vida a una ley que, como dice su título, garantice los derechos de las personas al final de su vida.